Cuando se preveía que el jueves 10 de abril de 2025 se presentaría el escrito de acusación contra la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, que ha sido involucrada en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el juzgado octavo penal especializado de Bogotá dio aval a la solicitud de la defensa para reprogramar la diligencia judicial.
Por segunda vez se aplazó esta audiencia en la que el ente acusador presentaría cargos contra la exalta funcionaria del Gobierno nacional, que es señalada de haber cometido, presuntamente, los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias; al haber usado, al parecer, su cargo para favorecer la red que se tejió al interior de la entidad; con cerca de $4.000 millones en pago de coimas.
Es preciso destacar que, durante el miércoles 9 de abril, el abogado de la exfuncionaria, Oswaldo Medina, solicitó aplazar la fecha de la acusación. El motivo: esperaba una respuesta de la Fiscalía concerniente a su propuesta para alcanzar un principio de oportunidad en el que, a cambio de una suspensión de su pena por un año, Ortiz entregara información relevante sobre los hechos acontecidos en este escándalo.
“La defensa venía adelantando conversaciones con la Fiscalía, mismas que se han visto interrumpidas, razón por la cual se requiere un tiempo razonable para realizar reuniones con mi prohijada de cara a la etapa de acusación”, dijo Medina, en un comunicado.
En consecuencia, la nueva fecha para llevar a cabo esta audiencia será la del 12 de junio, según se pudo establecer por parte de la togada a cargo del caso. Eso sí: con la advertencia que será la última vez en que se postergará esta diligencia; de lo contrario continuará con su curso normal, existan o no avances en la negociación que pretende adelantar la exalta consejera con el órgano investigador.
“Se accede por última vez a la petición elevada, por lo tanto, se deja sin efecto la fecha programada para el día 10 de abril de 2025″, indicó la juez Carmen Helena Ortiz Rassa, en el documento con el que aceptó la petición del abogado defensor: el mismo que tiene la tarea de velar por los intereses de la mujer que es acusada de haber servido de mensajera para la entrega de los multimillonarios montos.
La diferencia entre lo que propone la Fiscalía, que estaría en establecer un principio de oportunidad parcial para la exconsejera, y lo que buscaría Ortiz, que sería inmunidad total, sería lo que tendría en “veremos” la posibilidad de que se establezca esta especie de preacuerdo; con el que se uniría a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, que fungió como ex subdirector del Manejo del Riesgo.
Y es que, de acuerdo con el ente, la información que hasta el momento Ortiz había proporcionado durante sus acercamientos resultó ser “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboraran sus afirmaciones”. Y todo porque los elementos en mención no cumplían con los requisitos necesarios para superar el “control judicial” que se exige en esta clase de procesos.
A lo que el apoderado de Ortiz respondió. “Esta defensa se permite señalar que, en efecto, Sandra Ortiz ha tenido acercamientos, conversaciones e intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación. Allí, se aportaron datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados”.