La Guardia Nacional cumple seis años de operaciones con un balance que genera interpretaciones encontradas. Creada en 2019 como fuerza de seguridad pública de carácter civil, fue transferida a control militar en 2022 y hoy representa el eje central de la estrategia de seguridad federal. Los indicadores de violencia y las preocupaciones sobre derechos humanos alimentan el debate sobre su efectividad.

Dimensión de la militarización

Las Fuerzas Armadas mexicanas realizan actualmente el 78% de las tareas de seguridad pública a nivel federal y participan en 45% de las operaciones estatales y municipales. El despliegue territorial incluye 131,000 elementos de Guardia Nacional, 87,000 del Ejército y 18,000 de la Marina en funciones de patrullaje, puntos de revisión y reacción ante incidentes delictivos.

El presupuesto de seguridad asignado a instituciones militares supera el 82% del total federal. La Secretaría de la Defensa Nacional administra recursos por 214,000 millones de pesos, mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (nominal responsable de política de seguridad civil) opera con 24,000 millones.

La formación de elementos de Guardia Nacional es predominantemente militar. El 89% de los mandos superiores provienen del Ejército, y los programas de capacitación enfatizan disciplina castrense sobre técnicas policiales. Los intentos de incorporar academias civiles de formación fueron abandonados en 2023.

Indicadores de violencia

Los homicidios dolosos se han mantenido en niveles históricamente altos durante el sexenio. El promedio mensual de 2,800 homicidios en 2025 es similar al de 2019 (2,750), pese al incremento de 80% en el despliegue de fuerzas federales. México registró 33,400 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta en la historia del país.

La violencia se concentra en estados específicos. Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Estado de México acumulan el 48% de los homicidios nacionales. Paradójicamente, estos estados tienen la mayor presencia de Guardia Nacional, sugiriendo que el despliegue no correlaciona con reducción de violencia.

Los delitos de alto impacto muestran tendencias mixtas. El secuestro disminuyó 35% respecto a 2019, pero la extorsión aumentó 42% y el robo de vehículo con violencia 28%. Los homicidios vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales representan el 65% del total, sin cambio significativo en la estructura del fenómeno.

Derechos humanos

Las violaciones a derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad federales han aumentado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 3,400 quejas contra Guardia Nacional en 2025, incremento del 180% respecto a 2020. Las quejas incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada.

Casos emblemáticos han generado condena nacional e internacional. La muerte de 12 migrantes en un operativo de contención en Chiapas, la ejecución extrajudicial de 6 jóvenes en Nuevo Laredo, y la desaparición de 4 campesinos en Guerrero tras encuentro con Guardia Nacional permanecen sin esclarecimiento satisfactorio.

El fuero militar en investigaciones de abusos persiste de facto. Aunque la Suprema Corte ha establecido que violaciones a derechos humanos de civiles deben juzgarse en tribunales civiles, el 78% de las investigaciones contra elementos castrenses permanecen en jurisdicción militar, con tasas de sanción inferiores al 3%.

Alternativas abandonadas

El fortalecimiento de policías civiles estatales y municipales, prometido como complemento a la Guardia Nacional, no se materializó. El presupuesto para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se redujo en términos reales 28% desde 2019. Las policías locales promedian 0.8 elementos por cada 1,000 habitantes, muy inferior al estándar de 2.8 recomendado por ONU.

Los programas de prevención social de la violencia fueron desmantelados. El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) desapareció en 2019, y los recursos para intervención en comunidades de alta marginación se canalizaron a programas sociales sin componentes específicos de prevención de violencia.

La profesionalización policial avanzó limitadamente. El 62% de las policías municipales no cumplen estándares básicos de capacitación, equipamiento y control de confianza. La corrupción en corporaciones locales sigue siendo factor facilitador de criminalidad organizada.

Perspectivas

El modelo de seguridad militarizada parece consolidarse para el largo plazo. La reforma constitucional de 2022 extendió el mandato de Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta 2028, y propuestas legislativas buscan hacerlo permanente. La alternativa de construir instituciones policiales civiles profesionales requeriría inversión y tiempo que el gobierno no parece dispuesto a asignar.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido sobre riesgos de normalización de presencia militar en funciones civiles. La experiencia latinoamericana muestra que militarización tiende a profundizarse antes que revertirse, con efectos de largo plazo sobre cultura política e instituciones democráticas.