La extinción de siete organismos constitucionales autónomos se consumó con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. El Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el CONEVAL y la Mejora Regulatoria desaparecen formalmente.
Transferencia de funciones
Las atribuciones de los organismos extintos se distribuyen entre secretarías del Ejecutivo Federal. La Secretaría de la Función Pública asume las funciones de transparencia y acceso a la información del INAI. La Secretaría de Economía absorbe las facultades de competencia económica de COFECE y las de mejora regulatoria.
Las funciones de telecomunicaciones del IFT se transfieren a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que ahora otorgará concesiones de espectro radioeléctrico y regulará a operadores. La Secretaría de Energía concentra las atribuciones de CRE y CNH, convirtiéndose en regulador único del sector energético.
El CONEVAL, encargado de medir pobreza y evaluar programas sociales, transfiere sus funciones al INEGI. Los indicadores de pobreza y las evaluaciones de política social serán responsabilidad del instituto estadístico, que mantiene autonomía constitucional pero enfrenta cuestionamientos sobre capacidad y conflictos de interés.
Implicaciones para derechos ciudadanos
El derecho de acceso a la información enfrenta incertidumbre. El INAI resolvía 150,000 recursos de revisión anuales de ciudadanos insatisfechos con respuestas de dependencias. La Función Pública, parte del propio Ejecutivo, ahora decidirá sobre apertura de información gubernamental, generando conflicto de interés inherente.
Los solicitantes de información anticipan deterioro. Organizaciones de transparencia reportan incremento de 45% en respuestas de "inexistencia de información" desde el anuncio de la reforma. La percepción de impunidad ante ocultamiento de información desincentiva la participación ciudadana en rendición de cuentas.
La protección de datos personales, también a cargo del INAI, queda en situación ambigua. Los ciudadanos podían reclamar ante el instituto por mal uso de sus datos por empresas y gobierno. El nuevo esquema de protección no está definido claramente en el decreto de extinción.
Competencia económica
La concentración de regulación de competencia en Economía genera preocupaciones de captura regulatoria. COFECE sancionaba prácticas monopólicas de empresas con peso político significativo. Las multas impuestas en 2024 sumaron 18,000 millones de pesos, incluyendo sanciones a empresas cercanas al gobierno.
El sector empresarial muestra posturas divididas. Grandes corporativos celebran la eliminación de un regulador "oneroso y politizado", mientras PyMEs y organizaciones de consumidores advierten sobre consolidación de poder de mercado de incumbentes sin contrapeso efectivo.
Las investigaciones en curso de COFECE sobre cárteles en mercados de gas LP, cemento, medicamentos y servicios financieros quedan en suspenso. La nueva área de competencia en Economía tiene 90 días para retomar expedientes, pero carece de personal especializado y estructura para continuarlos.
Sector energético
La absorción de CRE y CNH por la Secretaría de Energía elimina regulación independiente en un sector donde el gobierno es simultáneamente operador (CFE, Pemex), regulador y otorgante de permisos. La separación de funciones que existía desde la reforma energética de 2013 desaparece.
Inversionistas privados en generación eléctrica y exploración petrolera enfrentan incertidumbre jurídica. Los permisos y contratos otorgados por organismos extintos mantienen validez legal, pero su supervisión y eventual renovación dependerán de una secretaría con incentivos para favorecer a empresas estatales.
Agencias calificadoras han señalado la reforma como factor negativo para atracción de inversión en el sector. S&P y Moody's mencionan específicamente la pérdida de regulación independiente en sus perspectivas negativas para México en energía.
Evaluación de política social
La transferencia de funciones de CONEVAL al INEGI tiene implicaciones para medición de pobreza y evaluación de programas. CONEVAL publicaba reportes críticos sobre efectividad de programas sociales, incluyendo señalamientos a programas emblemáticos del gobierno federal.
La metodología de medición de pobreza, desarrollada por CONEVAL con reconocimiento internacional, podría modificarse. Organizaciones de sociedad civil advierten sobre riesgo de manipulación de indicadores para mostrar resultados favorables de política social sin mejoras reales en bienestar.
Respuesta internacional
Organismos internacionales han expresado preocupación. La OCDE señaló que la extinción de autoridades de competencia independientes contradice compromisos asumidos por México en tratados comerciales. El TMEC incluye capítulos que presuponen existencia de reguladores autónomos en telecomunicaciones y competencia.
Estados Unidos ha solicitado consultas bajo mecanismos del TMEC sobre implicaciones de la reforma para inversiones estadounidenses en telecomunicaciones y energía. Canadá se ha sumado a las consultas, aunque evitando posicionamientos públicos confrontativos.
