La reforma fiscal contenida en el Paquete Económico 2026 introduce modificaciones sustanciales al sistema tributario mexicano. Los cambios afectan a personas físicas, empresas de todos tamaños y prestadores de servicios digitales, con impacto recaudatorio estimado de 185,000 millones de pesos.
Impuesto Sobre la Renta: personas físicas
La tarifa de ISR para personas físicas experimenta ajustes en los tramos superiores. El límite inferior del tramo máximo de 35% se reduce de 4.5 millones a 3.8 millones de pesos anuales, ampliando la base de contribuyentes sujetos a la tasa más alta. Se estima que 45,000 contribuyentes adicionales quedan en este tramo.
Las deducciones personales se limitan más estrictamente. El tope anual desciende del equivalente a 5 UMAs anuales a 4 UMAs, aproximadamente 127,000 pesos. Las deducciones por colegiaturas permanecen sin cambio, pero los gastos médicos ahora requieren factura electrónica con complemento específico para ser deducibles.
El régimen simplificado de confianza (RESICO) para personas físicas mantiene sus características generales pero incorpora obligaciones adicionales de información. Los contribuyentes en RESICO deben ahora reportar trimestralmente sus 10 principales clientes y proveedores. El incumplimiento implica exclusión automática del régimen.
Impuesto Sobre la Renta: personas morales
La tasa corporativa de ISR permanece en 30%, pero se eliminan deducciones que reducían la tasa efectiva. La deducción inmediata de inversiones se limita a sectores prioritarios (energías limpias, manufactura avanzada, investigación y desarrollo), excluyendo sectores comerciales y de servicios que anteriormente la aprovechaban.
Los pagos provisionales mensuales se vuelven definitivos para empresas con ingresos anuales menores a 50 millones de pesos, eliminando la posibilidad de acreditar pérdidas fiscales contra pagos provisionales. Esta medida busca mejorar el flujo de caja gubernamental pero genera presión financiera en empresas con resultados estacionales.
Las reglas de capitalización delgada se endurecen. El límite de intereses deducibles se reduce de 30% a 25% del EBITDA, alineándose con recomendaciones de la OCDE sobre erosión de bases imponibles. Empresas con alto apalancamiento enfrentarán incrementos significativos en carga fiscal.
IVA y servicios digitales
El régimen de IVA a servicios digitales, vigente desde 2020, se amplía significativamente. Plataformas de comercio electrónico que faciliten ventas de bienes tangibles deben ahora retener y enterar IVA de vendedores no registrados. Amazon, Mercado Libre y otras marketplaces enfrentan obligaciones adicionales de información sobre vendedores.
Los servicios de streaming, gaming y aplicaciones enfrentan tasa efectiva de 16% sin posibilidad de acreditamiento, elevando el costo para consumidores mexicanos. Netflix, Spotify, PlayStation y servicios similares deben ajustar precios o absorber el impuesto adicional.
La economía de plataformas (Uber, DiDi, Rappi) experimenta cambios en retenciones. La tasa de retención de ISR aumenta de 2.1% a 3.5% de ingresos brutos para conductores y repartidores, mientras que la retención de IVA permanece en 8%.
Impuestos especiales y ambientales
El IEPS a bebidas azucaradas aumenta 15%, pasando de $1.2523 a $1.44 por litro. Organizaciones de salud pública celebran la medida como herramienta contra la obesidad, mientras que la industria refresquera advierte impacto en empleo y consumo.
Se introduce un nuevo impuesto al carbono de $400 pesos por tonelada de CO2 equivalente, aplicable a industrias con emisiones superiores a 25,000 toneladas anuales. Sectores como cemento, acero, vidrio y petroquímica enfrentan costos adicionales significativos. El impuesto busca financiar transición energética y cumplir compromisos climáticos internacionales.
Administración tributaria
El SAT recibe facultades ampliadas de fiscalización electrónica. Los CFDI ahora incluyen información detallada de operaciones que permite cruces automatizados. La autoridad fiscal puede determinar créditos fiscales presuntivos basados en inconsistencias detectadas algorítmicamente, con carga de prueba trasladada al contribuyente.
Los plazos de prescripción se extienden de 5 a 7 años para operaciones con partes relacionadas y de 5 a 10 años para contribuyentes que hayan utilizado esquemas reportables. La retroactividad de estas disposiciones genera controversia jurídica.
Impacto proyectado
La Secretaría de Hacienda proyecta incremento recaudatorio de 0.8% del PIB, aproximadamente 280,000 millones de pesos. Sin embargo, analistas privados estiman impacto menor de 0.4-0.5% del PIB, considerando evasión, elusión y efectos de contracción económica derivados del aumento de carga fiscal.
Las medidas han generado reacciones mixtas. Organizaciones empresariales advierten sobre pérdida de competitividad y fuga de inversiones. Académicos y organismos internacionales reconocen necesidad de aumentar recaudación (México recauda 16% del PIB vs promedio OCDE de 34%) pero cuestionan diseño de algunas medidas.
