La reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, se materializa con la toma de posesión de 881 jueces, magistrados y ministros electos en los comicios de junio 2025. El experimento de justicia electoral, único a nivel mundial para cargos de esta naturaleza, genera evaluaciones encontradas sobre sus primeros efectos.

Composición del nuevo Poder Judicial

Los resultados electorales configuran un Poder Judicial con perfil distinto al anterior. El 62% de los juzgadores electos provienen de trayectorias fuera del Poder Judicial: abogados litigantes (28%), académicos (18%), funcionarios de gobierno (12%) y activistas de derechos humanos (4%). Solo el 38% son jueces y magistrados de carrera que participaron en el proceso.

La Suprema Corte de Justicia se renueva completamente. Los 9 nuevos ministros promedian 48 años de edad, significativamente menor que sus predecesores. Incluyen 5 mujeres (por primera vez mayoría femenina), 3 juristas con trayectoria académica reconocida, y 2 abogados vinculados a movimientos sociales. La pluralidad ideológica es menor que en la Corte anterior.

Los tribunales de circuito presentan heterogeneidad notable. Algunos circuitos eligieron mayoritariamente a candidatos de carrera judicial, mientras otros renovaron casi completamente sus plantillas. El Primer Circuito (CDMX) muestra el mayor cambio, con 78% de magistrados de nuevo ingreso.

Desafíos de implementación

La transición enfrenta problemas operativos significativos. El 45% de los nuevos juzgadores carece de experiencia en funciones jurisdiccionales, requiriendo capacitación intensiva que el Consejo de la Judicatura Federal no estaba preparado para ofrecer a esta escala. Los programas de inducción de 3 meses se consideran insuficientes.

La carga de trabajo heredada genera presión inmediata. Los juzgadores salientes dejaron 1.2 millones de expedientes en trámite, muchos con términos procesales próximos a vencer. Los nuevos titulares reportan semanas de 70+ horas intentando familiarizarse simultáneamente con asuntos complejos y procedimientos institucionales.

El personal de apoyo presenta resistencias. Secretarios, actuarios y oficiales administrativos de carrera enfrentan a superiores jerárquicos con menor conocimiento técnico, generando tensiones y renuncias. El 18% del personal de juzgados ha solicitado cambio de adscripción o retiro anticipado.

Legitimidad cuestionada

La participación electoral del 32% en los comicios judiciales genera cuestionamientos sobre legitimidad democrática real. Críticos señalan que el diseño de boleta (con 2,000+ candidatos) y la información limitada sobre trayectorias provocaron voto aleatorio o guiado por posición en boleta en lugar de selección informada.

Las impugnaciones judiciales continúan. Tres ministros de la Corte anterior promovieron amparos contra la reforma, resueltos de forma dividida por la nueva integración. Organizaciones internacionales de jueces mantienen observaciones críticas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado información sobre garantías de independencia.

La percepción ciudadana es mixta. El 54% de los encuestados considera positivo que el pueblo elija jueces, pero solo el 28% confía en que los elegidos sean más honestos que sus predecesores. La expectativa de reducción de corrupción judicial choca con reportes iniciales de intentos de influencia política en designaciones.

Independencia judicial

El tema central del debate es la independencia de los nuevos juzgadores frente a poderes políticos. Los candidatos fueron nominados por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con predominio de perfiles afines al partido gobernante en las listas. El 67% de los electos fueron nominados por el Ejecutivo o el Senado de mayoría oficialista.

Las primeras resoluciones de la nueva Suprema Corte muestran patrones que alimentan preocupaciones. Acciones de inconstitucionalidad contra reformas del gobierno federal han sido rechazadas o diferidas, mientras que controversias contra gobiernos de oposición se resuelven con celeridad. El presidente de la Corte ha rechazado acusaciones de parcialidad.

El financiamiento de campañas judiciales genera interrogantes. Aunque la reforma prohibió aportaciones privadas, algunos candidatos recibieron apoyo evidente de partidos políticos, empresas y grupos de interés. Las sanciones por irregularidades han sido mínimas, sentando precedente preocupante para futuras elecciones.

Perspectivas

La evaluación definitiva de la reforma requerirá años. Los defensores argumentan que la democratización del Poder Judicial rompe con élites cerradas y corporativismo que generaban impunidad. Los críticos advierten sobre politización de la justicia, pérdida de especialización técnica y debilitamiento de contrapesos constitucionales.

Las próximas elecciones judiciales se realizarán en 2027 para renovar la mitad de los cargos, permitiendo ajustes al proceso electoral. Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código de Ética Judicial están en discusión, con propuestas para fortalecer requisitos de elegibilidad y mecanismos de rendición de cuentas.