Los concejales del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, están viviendo una creciente ola de amenazas y presiones provenientes de lo que se presume son miembros de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc.
La situación ha generado gran preocupación en la región, tanto en el ámbito político como en el social, ya que estas amenazas no solo afectan a los cabildantes, sino también a empresarios y comerciantes locales, generando un clima de inseguridad.
El concejal Andrés Calderón, que ha sido uno de los blancos de estas amenazas, explicó que todo comenzó después de que interpusiera una demanda de nulidad contra actos administrativos de la administración anterior. “La demanda, que ya surtió la primera instancia ante el Juzgado Administrativo 1 de Neiva, fue fallada a mi favor. A partir de ese momento, comenzaron a llegar más amenazas. Otros dos compañeros también han recibido intimidaciones”, declaró Calderón.
A raíz de estos hechos, los concejales de Rivera decidieron presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Según conoció Caracol Radio, la Fiscalía activó la ruta de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, y muchos concejales aseguran que las medidas de seguridad ofrecidas no han sido suficientes.
A lo largo de este año, las amenazas hacia los concejales se han intensificado, especialmente a través de mensajes enviados por WhatsApp. En algunos de estos mensajes, los cabildantes reciben citaciones para acudir a reuniones en zonas rurales de los alrededores, bajo la amenaza de enfrentarse a graves consecuencias si no se presentan.
“A mí y a otros cuatro compañeros nos ha llegado mensaje vía WhatsApp y también esas boleticas que hacen que lo citen a uno a veredas para ir, no sé, hablar qué… Obviamente, pues ninguno ha ido”, relató un concejal a la Revista Semana.
Además de los mensajes, los concejales han recibido intimidaciones más directas, como la llegada de coronas fúnebres acompañadas de amenazas explícitas. Estos gestos son una forma de presión utilizada por los grupos armados ilegales para sembrar el miedo entre las autoridades locales.
Aunque algunos cabildantes han recibido chalecos antibalas y botones de pánico, estos equipos son de mala calidad y no cumplen con los estándares necesarios para garantizar su seguridad. “La Policía y la UNP conocen el tema, pero medidas, cero. A dos compañeros les dieron chalecos, pero no les quedaron ni buenos, a otro le dieron botón de pánico, pero no sirve… a mí y a otro compañero no nos han dado respuesta”, lamentó uno de los concejales.
Este clima de inseguridad también ha afectado la vida cotidiana de los cabildantes. “Aquí lo único que queda es encomendarse a Dios. Trato de no salir tarde, siempre andar acompañado. No vuelvo a veredas. Solo me muevo dentro del casco urbano y trato de quedarme en la casa el mayor tiempo posible”, compartió otro concejal, quien expresó su angustia por la creciente violencia en la zona.
Pero los concejales de Rivera no solo enfrentan amenazas verbales o escritas; la violencia física también ha sido una amenaza constante. El concejal que habló con Semana recordó cómo el municipio ya vivió épocas oscuras en las que los grupos armados ilegales asesinaron a todos los miembros de la corporación. “Este municipio ya vivió épocas oscuras. Incluso una vez asesinaron a toda la corporación de concejales, entonces claro que hay zozobra con todo lo que uno está viviendo”, relató.
A medida que la violencia se intensifica en el país, los concejales se sienten atrapados entre la amenaza de los grupos armados y la falta de respuesta efectiva por parte del Estado. Según conoció el medio citado, uno de ellos decidió renunciar a su cargo y solicitar asilo en el extranjero debido a las constantes amenazas. “Renuncié por las graves amenazas que recibí. No podía seguir viviendo con esta presión constante”, expresó, dejando claro el nivel de angustia que enfrentan los cabildantes en esa región.