La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) explicó en detalle cómo impactará a los colombianos la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de aumentar las tarifas de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta.
Según Luis Eduardo Llinás, director encargado de la entidad, no se trata de un nuevo impuesto ni de una reforma tributaria disfrazada, sino de un mecanismo para adelantar el recaudo de impuestos que las empresas y contribuyentes ya deben pagar en 2026.
“Esto no es un nuevo impuesto, es como pedir un adelanto de la quincena”, afirmó Llinás en entrevista con La Fm, enfatizando que la medida busca atender el déficit de caja del Estado sin modificar la carga tributaria estructural.
El ajuste se aplicará de manera focalizada sobre aproximadamente 400 actividades económicas, con tarifas diferenciadas dependiendo del sector.
Aunque desde el Gobierno se insiste en que el efecto será limitado, economistas y representantes del sector privado advierten que el aumento en la retención en la fuente afectará directamente la liquidez de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, lo que podría traducirse en menores niveles de inversión, retrasos en pagos y una reducción en la generación de empleo.
María Alejandra Buitrago, socia de Capra Legal, explicó al medio La República que adelantar el pago del impuesto de renta implica destinar recursos que podrían haberse utilizado para operar o crecer. “El impacto es mayor cuando se exige un anticipo del 75 % del impuesto del año anterior, sin considerar que muchas empresas pueden enfrentar una realidad financiera muy distinta en 2025″, advirtió.
Uno de los sectores que más sentirá la medida es el energético. Según Fabián Osorio, de Corficolombiana, mientras la tasa promedio de retención para la economía sería del 1,7 %, en actividades como la extracción de carbón y gas subiría hasta el 4,5 %.
Esto ocurre en medio de una caída significativa en los precios internacionales del petróleo y el carbón, lo que podría agravar la situación financiera de las empresas del sector, de acuerdo con declaraciones dadas al medio mencionado.
A pesar de esto, la Dian indicó que sectores con alta carga tributaria, como el financiero, no serán incluidos en el ajuste, precisamente para no generar distorsiones adicionales.
Las proyecciones de recaudo varían: mientras la Dian estima que se lograrían unos 7 billones de pesos, otros analistas, como Jairo Villabona, exdirector de la entidad, creen que la cifra podría superar los 15 billones. Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, advirtió que este anticipo podría generar un vacío fiscal en 2026, afectando la planeación presupuestal a futuro.
“Es como si un trabajador pidiera hoy parte de su salario de 2026 para cubrir los gastos del año actual. En algún momento eso se sentirá”, señaló Mejía.
La Dian también informó que se están trabajando estrategias adicionales para fortalecer el recaudo, como el control a sectores con baja tributación, incluyendo el comercio electrónico y los servicios de activos virtuales. Estas medidas buscarían garantizar que el sistema sea más equitativo y que todos los actores económicos contribuyan de forma proporcional.
En medio del debate, el Gobierno insiste en que la medida es transitoria y técnica, mientras el sector empresarial pide cautela para no frenar la reactivación económica. Lo cierto es que, de aprobarse el decreto, tanto empresas como trabajadores sentirán los efectos del ajuste tributario desde este mismo año.
La propuesta de ajuste en las tarifas de retención en la fuente ha puesto en evidencia las tensiones entre los objetivos fiscales del Gobierno y las preocupaciones del sector privado.
Mientras las autoridades buscan garantizar un mayor recaudo para enfrentar los desafíos económicos, los expertos advierten sobre los riesgos que esta medida podría representar para la liquidez empresarial y el dinamismo económico. En un contexto de incertidumbre global y presiones internas, el debate sobre esta política fiscal promete seguir siendo un tema central en la agenda económica del país.