Durante el actual mandato del presidente Gustavo Petro, el aparato burocrático del Estado colombiano experimentó un crecimiento sin precedentes. Las cifras más recientes revelan que entre 2023 y 2024 se sumaron cerca de 27.000 nuevos empleados públicos, al pasar de 889.000 a 916.000 personas vinculadas al sector estatal. Este incremento, reportado por el medio La Silla Vacía tras el análisis de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), supera incluso los picos registrados durante la emergencia sanitaria de la pandemia.
El aumento del empleo estatal no solo ha sido cuantitativo, pues también se caracteriza por el tipo de contratación utilizado. De acuerdo con la investigación de la fuente en mención, la mayoría de los nuevos contratos se formalizaron bajo la modalidad de prestación de servicios (OPS), contratos de corta duración que no otorgan derechos laborales plenos, como estabilidad, vacaciones o prestaciones sociales.
Esto representa un giro en sentido contrario a una de las promesas más reiteradas durante la campaña presidencial del actual mandatario. “El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, afirmó Gustavo Petro antes de asumir la presidencia. No obstante, la realidad administrativa ha evidenciado un patrón distinto.
En las entidades centralizadas del Gobierno nacional, el número de contratos OPS aumentó de 45.000 en 2021 a 63.000 en 2024. Este crecimiento del 40% se constituye como el más alto observado durante los tres últimos gobiernos presidenciales. Además, el gasto en este tipo de vinculación laboral también se disparó; desde el inicio de la administración actual hasta marzo de 2024, se destinaron más de 8 billones de pesos a este tipo de contratación, una cifra superior a la registrada durante los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
El costo económico de esta expansión burocrática se produce en un contexto fiscal adverso. En medio de una disminución de los ingresos y una menor disponibilidad de caja, el presupuesto nacional para 2025 priorizó los gastos de funcionamiento del Estado –incluyendo el pago de personal– por encima de la inversión pública.
De acuerdo con los registros, la duración promedio de los contratos OPS durante la actual administración es de 211 días, por debajo del promedio alcanzado en los gobiernos de Duque (230 días) y Santos (234 días). Esto sugiere una mayor temporalidad en la vinculación laboral, contrario a otra de las propuestas de campaña que planteaba la necesidad de contratos más largos para garantizar mejores condiciones laborales a los contratistas.
Además del aumento en las entidades del Gobierno central, el uso extensivo de contratos OPS también se evidenció en entidades públicas independientes. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lidera la lista con el mayor número de contratistas OPS durante el actual periodo. Le siguen instituciones como la Defensoría del Pueblo, con cerca de 7.000 contratistas; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con alrededor de 6.000; y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), también con una cifra similar.
En el caso del Danr, la mayoría de los contratos están relacionados con la realización del Censo Nacional Urbano (Cenu), y gran parte del personal vinculado corresponde a encuestadores.
En cuanto a la Agencia Nacional de Tierras, si bien los contratos están orientados al desarrollo del catastro multipropósito –un proyecto que busca modernizar el inventario predial del país–, una funcionaria consultada por La Silla Vacía y que pidió mantener su identidad en reserva, indicó que en su equipo se ha reducido el número de integrantes, a pesar de que otras áreas sí han crecido. Esto podría estar indicando una reorganización interna más que un fortalecimiento técnico generalizado.
La situación contrasta con la tendencia observada en la Defensoría del Pueblo, donde se evidenció una reducción en el número de contratistas entre 2024 y 2025. Según la entidad, esta disminución se debe a una revisión interna de necesidades que derivó en la suscripción únicamente de los contratos “estrictamente necesarios”.
El crecimiento del personal vinculado al Estado también es notoriamente superior al promedio registrado en años anteriores. Según los análisis citados por el medio citado entre 2016 y 2022, el aumento anual del número de empleados públicos fue de solo 0,02%. En contraste, entre 2023 y 2024 el incremento fue de 3%, un salto proporcional diez veces mayor que en periodos anteriores.
La expansión de la burocracia estatal durante el actual gobierno se produce al tiempo que se plantea la necesidad de medidas fiscales extraordinarias, como adelantar impuestos del 2026 y considerar la declaración de una emergencia económica.
