La Comisión Primera del Senado de la República aprobó la ponencia positiva con la que se busca reducir el sueldo de los congresistas: una iniciativa impulsada por el congresista Iván Cepeda, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico; aunque la misma tendrá, según se supo, una mayor capacidad que a los miembros del cuerpo legislativo, sino que cobijaría a otros miembros de las entidades del Estado.
Con 16 votos por el sí, de 16 posibles –es decir, por unanimidad– los miembros de la célula legislativa le dieron vía libre a esta propuesta, enmarcada en el proyecto de Acto Legislativo 027 de 2025, con la que se pretende modificar el artículo 187 de la Constitución Política. Además de Cepeda, otra de las ponentes es la senadora María José Pizarro, que también hace parte de la bancada oficialista.
“Este proyecto es muy sencillo y es para ver si nosotros tomamos la decisión de hacerlo independientemente y si este Congreso tiene la voluntad de hacerlo sin mayores excusas”, expresó Pizarro, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.
En este sentido, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, indicó en su perfil de X que junto a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, logró aprobar una proposición que extiende la medida de reducción de salarios de los congresistas a los demás altos funcionarios del Estado; entre ellos, los miembros de las empresas mixtas.
“Ningún funcionario público, al igual que los directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta podrá recibir una remuneración superior a la de los congresistas, incluyendo todos los emolumentos”, se leyó en el documento que fue acogido por los demás integrantes de esta comisión; con lo que se avanzará en el estudio de esta iniciativa.
Así pues, según explicó Motoa, “el ahorro para los contribuyentes será mayor y el cierre de brechas salariales más efectivo”. Finalmente, hubo consenso para ampliar los alcances de la decisión, pese a que en la comisión hay senadores declarados en abierta oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro; pues en principio se señaló que lo que se estaba buscando con el proyecto era castigar a los legisladores.
Y no solo eso: según se precisó, en caso de que se apruebe este proyecto, que como está enmarcada en un acto legislativo tendrá que superar ocho debates, cuatro en cada corporación (Senado y Cámara), entrará en vigencia una vez promulgada la reforma constitucional propuesta. Y que busca bajar el salario mensual de 48.142.046 pesos, como parte de la política de austeridad.
“Una baja del salario exclusiva para los congresistas para castigarlos por no haber votado los nuevos impuestos de Petro me siento en incapacidad moral de acompañarlo, yo que he sido la más defensora de este proyecto”, expresó por su parte la senadora Valencia, que condicionó su apoyo a que se hicieran una serie de modificaciones, como se terminaron aprobando para continuar con la discusión.
En desarrollo…