Un enfrentamiento entre grupos armados en zona rural de Remedios, Antioquia, generó una grave situación de riesgo para la población local.
El combate comenzó sobre la 1:00 p. m. en la vereda Caño Tigre, donde los habitantes han denunciado intimidaciones por parte de los grupos armados. Según explicó Caracol Radio, entre los hechos reportados, se encuentra el amedrentamiento a conductores de volquetas y transporte público informal, quienes habrían sido obligados a trasladar combatientes hacia el área del enfrentamiento, involucrando así a civiles en el conflicto.
Según explicaron desde el mencionado medio, la situación llevó a que los campesinos de la región solicitaran con urgencia la intervención de las fuerzas estatales para frenar la expansión de los grupos armados, que continúan ocupando más territorio.
A pesar de que se ha denunciado la ubicación de los campamentos ilegales, las comunidades aseguran que no se han tomado medidas efectivas para detener su avance. Esta situación ha incrementado la vulnerabilidad de los habitantes, quienes temen por su seguridad ante la creciente presencia de estructuras criminales en la zona.
Además de los enfrentamientos, las comunidades de Remedios afrontan otra grave problemática: la extorsión sistemática por parte del Clan del Golfo, una de las estructuras criminales que operan en la región. Desde este grupo armado habrían reajustado las tarifas de extorsión que imponen a comerciantes, ganaderos y mineros. Los pequeños negocios deben pagar cuotas de $300.000 mientras que las cantinas y expendios de licor enfrentan cobros de $500.000.
De hecho, los propietarios de fincas ganaderas deben abonar $15.000 por cada cabeza de ganado, y los mineros, dependiendo de su equipo, deben pagar entre $300.000 y $1.500.000, siendo las retroexcavadoras las que generan las cuotas más altas.
Y es que la amenaza de represalias por parte del Clan del Golfo mantiene a las comunidades en un estado de temor constante. Según explicó Caracol Radio, los habitantes han denunciado que el grupo armado asegura contar con informantes dentro de la fuerza pública y otras entidades gubernamentales, lo que dificulta que las víctimas presenten denuncias formales. Este control ejercido por los grupos ilegales sobre las comunidades y las instituciones locales agrava aún más la situación de inseguridad en la región.
Así las cosas, la combinación de enfrentamientos armados, extorsiones y la aparente inacción de las autoridades ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre los habitantes de Remedios.
Frente a ello, las comunidades insistieron en la necesidad de una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado para garantizar su seguridad y frenar el avance de los grupos armados que operan en la zona.
La situación de orden público en el nordeste antioqueño se ha deteriorado en 2025 debido a la intensificación de enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc. Estos grupos disputan el control de territorios estratégicos y economías ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico. La violencia ha provocado desplazamientos forzados, asesinatos y confinamientos en municipios como Remedios, Segovia y Anorí, afectando a más de 150.000 personas.
En respuesta, el Gobierno Nacional ha desplegado fuerzas militares en la región. Por ejemplo, en octubre de 2024, el Ejército envió 100 unidades a veredas como Ojos Claros y Lejanías para contrarrestar las intimidaciones del Clan del Golfo . Sin embargo, la presencia estatal ha sido insuficiente para frenar la violencia, y se ha reportado el uso de tecnología avanzada por parte de los grupos armados, como antidrones, para repeler las acciones de la fuerza pública.
Además de la violencia armada, el nordeste antioqueño enfrenta una crisis humanitaria exacerbada por un paro minero iniciado en marzo de 2025. Cerca de mil mineros informales bloquean la vía Medellín-Cisneros, exigiendo la formalización de su actividad y el cumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno. Esta situación ha generado tensiones adicionales, ya que las autoridades asocian a los mineros con grupos ilegales, mientras que estos defienden su actividad como una fuente de sustento legítima.