La brecha digital en México mantiene a 28 millones de personas sin acceso a internet, representando el 22% de la población. Aunque la penetración de internet creció significativamente en la última década, la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, y entre niveles socioeconómicos, persiste como barrera para el desarrollo incluyente y la participación en la economía digital.

Estado de la conectividad

El 78% de los hogares mexicanos cuenta con conexión a internet, incremento notable respecto al 44% de 2015. Sin embargo, la calidad y tipo de conexión varían enormemente. El 62% de las conexiones son exclusivamente móviles, con velocidades promedio de 25 Mbps, insuficientes para trabajo remoto, educación virtual o streaming simultáneo de varios dispositivos.

Las conexiones de banda ancha fija alcanzan solo al 52% de los hogares, concentradas en zonas metropolitanas. La velocidad promedio de banda fija es de 48 Mbps, por debajo del promedio latinoamericano (65 Mbps) y muy inferior a países desarrollados (150+ Mbps). Solo el 8% de los hogares tiene acceso a fibra óptica.

La infraestructura de telecomunicaciones muestra disparidad geográfica extrema. Mientras las tres principales zonas metropolitanas tienen cobertura 4G del 98%, en municipios rurales la cobertura promedio es del 45%, y en 892 municipios predominantemente indígenas no supera el 25%.

Perfil de los desconectados

Los 28 millones de mexicanos sin internet presentan características demográficas definidas. El 65% reside en localidades menores a 15,000 habitantes. El 48% tiene 55 años o más. El 72% pertenece a los deciles de ingreso más bajos (I-IV). El 34% habla alguna lengua indígena como lengua materna.

Las mujeres están sobrerrepresentadas entre los desconectados (54%), reflejando brechas de género en acceso a tecnología. En comunidades rurales, las normas culturales que priorizan educación masculina y el control de recursos por hombres limitan el acceso femenino a dispositivos y conectividad.

La falta de alfabetización digital amplifica la brecha de acceso. El 35% de quienes no usan internet señalan "no saber usarlo" como razón principal, superando al costo como barrera. Los programas de capacitación digital alcanzan apenas al 8% de la población desconectada.

Impacto en educación

La pandemia de COVID-19 evidenció las consecuencias de la brecha digital en educación. Los estudiantes sin conectividad perdieron en promedio 1.8 años de aprendizaje, comparado con 0.6 años de quienes mantuvieron acceso a clases virtuales. La brecha de aprendizaje por conectividad persiste en evaluaciones post-pandemia.

El programa "Aprende en Casa" alcanzó solo al 65% de los estudiantes de educación básica. En comunidades rurales e indígenas, la cobertura fue del 32%, con dependencia de televisión abierta que no permitía interactividad ni retroalimentación. Los libros de texto digitales son inaccesibles para 4.2 millones de estudiantes sin dispositivos adecuados.

Exclusión económica

La economía digital excluye a quienes carecen de conectividad. El comercio electrónico creció 89% desde 2020, pero solo el 45% de los adultos mexicanos ha realizado compras en línea. Los desconectados pagan "penalización de efectivo" estimada en 12% de sus compras por no acceder a ofertas y precios digitales.

El empleo formal crecientemente requiere habilidades digitales básicas. El 78% de las vacantes publicadas en 2025 especificaban competencias tecnológicas, excluyendo de facto a quienes carecen de acceso o alfabetización digital. La brecha digital perpetúa ciclos de informalidad y bajo ingreso.

Los servicios financieros digitales son inaccesibles para 35 millones de adultos. La banca móvil y billeteras electrónicas ofrecen menores costos de transacción, pero requieren smartphone, conectividad y conocimiento que excluyen a poblaciones vulnerables.

Políticas públicas

La red de internet mayorista de CFE Telecomunicaciones cubre teóricamente 92% del territorio nacional, pero la "última milla" hacia hogares permanece pendiente. El programa Internet para Todos alcanza 156,000 puntos de acceso gratuito, utilizados por 18 millones de personas, pero con limitaciones de velocidad y horario.

Las obligaciones de cobertura social impuestas a operadores privados tienen cumplimiento parcial. Telcel, Telmex y otros operadores deben ofrecer planes accesibles y expandir infraestructura rural, pero la fiscalización es laxa y las sanciones por incumplimiento son inferiores al costo de inversión.

La política de conectividad carece de enfoque integral. Programas aislados de infraestructura no incluyen componentes de alfabetización digital, provisión de dispositivos o contenidos relevantes. La inversión pública en telecomunicaciones es inferior al 0.05% del PIB, comparado con 0.2% en países desarrollados.

Recomendaciones

Expertos proponen estrategia nacional de inclusión digital con metas medibles: conectividad universal para 2030, programa masivo de alfabetización digital, subsidio para dispositivos en hogares de bajos ingresos, y desarrollo de contenidos en lenguas indígenas. El costo estimado de $180,000 millones en 5 años representa inversión con alto retorno económico y social.