La violencia de género continúa siendo una de las problemáticas más graves que enfrenta la sociedad mexicana. Según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se documentaron 823 víctimas de feminicidio, 2,847 homicidios dolosos de mujeres (que no fueron tipificados como feminicidio) y más de 270,000 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer. Este análisis presenta un panorama integral de la situación con base en los datos oficiales más recientes.

Es importante señalar que las cifras oficiales representan solo una fracción de la violencia real, ya que una proporción significativa de los casos no se denuncia o no se registra adecuadamente. Encuestas especializadas como la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) estiman que el 66% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Feminicidios: distribución territorial y tendencias

Los 823 feminicidios registrados en 2025 representan una tasa de 1.25 por cada 100,000 mujeres a nivel nacional. Sin embargo, esta cifra promedio oculta disparidades territoriales significativas. El Estado de México lidera en números absolutos con 97 casos, seguido de Veracruz (72), Jalisco (58), Ciudad de México (54) y Nuevo León (51). Estas cinco entidades concentran el 40% del total nacional.

En términos de tasa por cada 100,000 mujeres, el panorama cambia: Morelos (2.89), Sonora (2.54), Quintana Roo (2.31), Colima (2.18) y Chihuahua (2.05) presentan las incidencias más altas. Estados con poblaciones femeninas menores pero altas tasas requieren atención particular, ya que la probabilidad relativa de que una mujer sea víctima de feminicidio es significativamente mayor.

La tendencia histórica muestra una reducción gradual desde el máximo de 1,006 feminicidios registrados en 2021. Sin embargo, el ritmo de disminución (aproximadamente 5% anual) resulta insuficiente para alcanzar las metas establecidas en los compromisos internacionales y nacionales. Además, existe preocupación por posibles efectos de clasificación, donde algunos casos que deberían tipificarse como feminicidio terminan registrándose como homicidio doloso.

Violencia familiar: la pandemia invisible

Los registros de violencia familiar presentan cifras aún más alarmantes que los feminicidios. Durante 2025 se iniciaron 315,000 carpetas de investigación por este delito, lo que equivale a 863 denuncias diarias o 36 cada hora. El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua concentran el mayor número de casos en términos absolutos.

Las tasas más altas de violencia familiar por cada 100,000 habitantes se observan en Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Coahuila y Baja California Sur. Llama la atención que algunas entidades del norte del país, con mayores niveles de desarrollo económico, presenten incidencias superiores al promedio nacional. Los expertos atribuyen esto parcialmente a una mayor cultura de denuncia en estas regiones, más que a una violencia intrínsecamente más alta.

El perfil de las víctimas de violencia familiar muestra que el 88% son mujeres, aunque la violencia contra hombres también existe y frecuentemente está subregistrada por estigma social. Los agresores son predominantemente la pareja o expareja (62%), seguidos de otros familiares como padres, hermanos o hijos (38%). El consumo de alcohol aparece como factor precipitante en aproximadamente el 45% de los casos reportados.

Llamadas de emergencia: el termómetro de la violencia

Las 270,000 llamadas al 911 por incidentes relacionados con violencia contra la mujer durante 2025 ofrecen un indicador complementario a las denuncias formales. Estas llamadas incluyen solicitudes de auxilio por violencia en curso, reportes de terceros preocupados por la situación de una mujer y seguimientos a casos previamente atendidos.

El análisis temporal de las llamadas revela patrones preocupantes: los fines de semana (particularmente sábados) concentran el mayor volumen de emergencias, con un incremento notable en horarios nocturnos (20:00 a 02:00). Los días festivos, especialmente aquellos asociados con consumo de alcohol como Año Nuevo, Día de las Madres y fechas patrias, muestran picos significativos.

Geográficamente, la distribución de llamadas de emergencia guarda correlación parcial con los registros de denuncias, aunque con variaciones importantes. Algunas entidades muestran alta proporción de llamadas respecto a denuncias formales, sugiriendo barreras para la presentación de querellas. Otras presentan el patrón inverso, indicando quizás mayor formalización de casos o menor acceso a líneas de emergencia.

Acceso a la justicia y efectividad institucional

La respuesta del sistema de justicia penal a la violencia de género presenta deficiencias significativas documentadas por organismos de derechos humanos. De las carpetas de investigación iniciadas por feminicidio en 2025, solo el 18% ha resultado en sentencia condenatoria hasta el momento, aunque este porcentaje aumentará conforme avancen los procesos pendientes.

Los tiempos de resolución son prolongados: el promedio nacional para casos de feminicidio es de 27 meses desde la denuncia hasta la sentencia de primera instancia. Este plazo se extiende significativamente en entidades con mayor rezago judicial como el Estado de México, Veracruz y Chiapas. La lentitud del proceso revictimiza a las familias y genera percepciones de impunidad.

Las órdenes de protección, mecanismo legal diseñado para salvaguardar a las víctimas mientras se desarrollan los procesos, muestran tasas de cumplimiento variables. Aunque el 95% de las órdenes solicitadas son otorgadas, su efectividad real depende de la capacidad de las autoridades para hacerlas cumplir. Reportes de organizaciones civiles documentan casos de feminicidios ocurridos a pesar de la existencia de órdenes de protección vigentes.

Alerta de Violencia de Género: balance del mecanismo

El mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se encuentra activo en 22 de las 32 entidades federativas, abarcando 643 municipios. Este instrumento, creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obliga a implementar acciones emergentes de seguridad, prevención, atención y justicia en territorios con alta incidencia de violencia feminicida.

Las evaluaciones independientes del mecanismo arrojan resultados mixtos. Por un lado, la declaratoria de alerta ha visibilizado la problemática y canalizado recursos adicionales a las entidades afectadas. Por otro, la efectividad para reducir la violencia es cuestionable: varios estados mantienen alertas vigentes por más de una década sin mejoras sustanciales en sus indicadores.

Las acciones implementadas bajo las alertas incluyen capacitación a funcionarios, campañas de sensibilización, mejora de protocolos de atención y creación de centros de justicia para mujeres. Sin embargo, organizaciones feministas señalan que muchas medidas son superficiales y no atacan las causas estructurales de la violencia: la desigualdad económica, los patrones culturales machistas y la impunidad sistémica.

Factores de riesgo y perfilamiento

Los datos permiten identificar factores de riesgo asociados a la violencia de género que pueden orientar políticas de prevención focalizada. El perfil de las víctimas de feminicidio muestra una concentración en mujeres jóvenes (18-35 años), aunque ningún grupo etario está exento. Las víctimas frecuentemente tenían antecedentes de violencia previa por parte del mismo agresor, lo que subraya la importancia de la detección e intervención temprana.

Los contextos de mayor riesgo incluyen procesos de separación o divorcio, denuncias previas no atendidas adecuadamente, presencia de armas en el hogar, consumo problemático de sustancias por parte del agresor, y situaciones de dependencia económica de la víctima. La intersección de múltiples factores incrementa exponencialmente el riesgo.

Geográficamente, la violencia de género no se distribuye aleatoriamente sino que se concentra en colonias, barrios y comunidades específicas. El análisis de puntos calientes (hotspots) permite identificar zonas prioritarias para intervención, aunque esta información rara vez se utiliza para diseñar estrategias territoriales de prevención.

Recomendaciones basadas en evidencia

Los datos analizados permiten formular recomendaciones específicas para mejorar la respuesta institucional a la violencia de género. En materia de prevención, se requiere fortalecer los programas de educación para la igualdad desde edades tempranas, implementar campañas de sensibilización focalizadas en poblaciones de alto riesgo, y desarrollar intervenciones comunitarias en las zonas con mayor concentración de violencia.

En atención y protección, es necesario ampliar la cobertura y calidad de los refugios para mujeres víctimas, fortalecer los mecanismos de coordinación entre instituciones que atienden casos de violencia, y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección mediante tecnologías de monitoreo y respuesta rápida.

En acceso a la justicia, las prioridades incluyen reducir los tiempos de resolución de casos mediante la especialización de fiscalías y juzgados, mejorar las capacidades de investigación para elevar las tasas de esclarecimiento, y combatir la revictimización en los procesos judiciales mediante protocolos de atención con perspectiva de género.