El sistema de salud mexicano atraviesa una etapa de transformación estructural marcada por la transición del Seguro Popular al IMSS-Bienestar y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19. Este análisis presenta un panorama integral del sector con base en los datos oficiales más recientes, abarcando cobertura, infraestructura, recursos humanos, gasto y principales indicadores de desempeño.

La fragmentación del sistema de salud mexicano entre múltiples instituciones (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, servicios estatales, sector privado) genera ineficiencias y desigualdades en el acceso. Comprender las dimensiones y limitaciones de cada subsistema resulta esencial para evaluar las políticas de salud y sus perspectivas de mejora.

Cobertura de aseguramiento en salud

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el 74.3% de la población mexicana cuenta con algún tipo de afiliación a servicios de salud. El IMSS cubre al 42.1% de la población (principalmente trabajadores formales y sus familias), el IMSS-Bienestar (antes Seguro Popular) al 21.8%, el ISSSTE al 5.7%, y otros esquemas públicos y privados al resto.

El 25.7% de la población sin afiliación formal (aproximadamente 33 millones de personas) enfrenta barreras significativas para acceder a servicios de salud. Este grupo recurre principalmente a servicios privados con pago de bolsillo, consultorios adyacentes a farmacias, o simplemente no busca atención médica por razones económicas. La "cobertura universal" proclamada en discursos oficiales dista de ser una realidad en la práctica.

La distribución geográfica de la cobertura muestra disparidades importantes. Entidades con mayor formalidad laboral como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua presentan tasas de afiliación superiores al 85%, mientras que estados como Chiapas, Oaxaca y Puebla registran tasas inferiores al 65%. La ruralidad y la informalidad laboral son los principales predictores de la falta de cobertura.

Infraestructura hospitalaria y equipamiento

México dispone de 1.1 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, cifra significativamente inferior al promedio de la OCDE (4.7) y por debajo de países latinoamericanos como Argentina (5.0), Brasil (2.1) y Chile (2.1). Esta limitación de capacidad se hizo evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando los hospitales operaron frecuentemente al límite de su capacidad.

El inventario nacional incluye 4,526 hospitales, de los cuales 1,386 son públicos y 3,140 privados. Sin embargo, la capacidad de atención está concentrada en el sector público, que posee el 68% de las camas censables. Los hospitales privados, aunque más numerosos, son generalmente de menor tamaño y atienden a una fracción menor de la demanda total.

La distribución territorial de la infraestructura hospitalaria es inequitativa. La Ciudad de México cuenta con 2.4 camas por 1,000 habitantes, mientras que entidades como Chiapas (0.5), Quintana Roo (0.6) y Estado de México (0.7) presentan déficits severos. Esta concentración obliga a pacientes de estados con menor infraestructura a trasladarse a otras entidades para procedimientos especializados.

Recursos humanos en salud

El sector salud emplea a 372,000 médicos, de los cuales 245,000 trabajan en el sector público y 127,000 en el privado. La tasa de médicos por cada 1,000 habitantes es de 2.4, cercana al mínimo recomendado por la OMS (2.3) pero inferior al promedio de la OCDE (3.5). Países como Cuba (8.4) y Argentina (4.0) superan ampliamente a México en este indicador.

La escasez de médicos especialistas es más pronunciada que la de médicos generales. Disciplinas como anestesiología, medicina de urgencias, neonatología y geriatría presentan déficits críticos que obligan a largas esperas para consultas y procedimientos. El tiempo promedio de espera para una cita con especialista en instituciones públicas oscila entre 2 y 6 meses según la especialidad y la entidad.

El personal de enfermería suma 308,000 profesionales, lo que arroja una proporción de 2.0 enfermeras por cada 1,000 habitantes, muy por debajo del promedio de la OCDE (8.9). Esta carencia afecta la calidad de la atención, particularmente en hospitalización y cuidados intensivos donde la proporción enfermera-paciente es un determinante clave de los resultados clínicos.

Gasto en salud y financiamiento

El gasto total en salud en México representa el 5.5% del PIB, distribuido entre gasto público (3.0% del PIB) y gasto privado (2.5% del PIB, predominantemente de bolsillo). Esta distribución contrasta con el patrón de países desarrollados, donde el gasto público supera típicamente el 6% del PIB y representa más del 70% del gasto total.

El gasto público en salud per cápita en México es de aproximadamente 560 dólares anuales ajustados por paridad de poder adquisitivo, menos de la mitad del promedio de la OCDE y significativamente inferior a países latinoamericanos como Chile (1,200) y Uruguay (980). Esta subinversión crónica explica en parte las carencias de infraestructura, personal y medicamentos.

El gasto de bolsillo de los hogares (pago directo por servicios médicos, medicamentos y estudios) representa el 41% del gasto total en salud, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Este patrón implica que la enfermedad puede convertirse en causa de empobrecimiento para familias sin cobertura adecuada o con enfermedades crónicas o catastróficas.

Desabasto de medicamentos e insumos

El desabasto de medicamentos en instituciones públicas de salud se ha convertido en una problemática recurrente y documentada. Organizaciones de pacientes y medios de comunicación han reportado faltantes de medicamentos esenciales, incluyendo tratamientos oncológicos, antirretrovirales para VIH, insulina y medicamentos para enfermedades crónicas.

La Secretaría de Salud ha atribuido los desabastos a problemas en la cadena de suministro heredados de administraciones anteriores, la reestructuración del sistema de compras consolidadas y la transición institucional hacia el IMSS-Bienestar. Sin embargo, las organizaciones civiles señalan que la situación no ha mejorado significativamente y que los pacientes continúan siendo afectados.

El sector privado ha absorbido parcialmente la demanda no atendida por el sector público, pero a un costo que muchas familias no pueden solventar. El precio de los medicamentos en México, particularmente los de patente, se encuentra entre los más altos de América Latina, lo que limita el acceso para población sin seguro o con ingresos bajos.

Principales causas de mortalidad y morbilidad

Las enfermedades crónicas no transmisibles dominan el panorama epidemiológico mexicano. Las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte (156,000 defunciones anuales), seguidas de la diabetes mellitus (114,000), tumores malignos (90,000) y enfermedades del hígado (41,000). COVID-19 se ha establecido como quinta causa de muerte con 34,000 defunciones anuales en 2025, significativamente menos que en el pico pandémico pero persistente.

La prevalencia de factores de riesgo es alarmante: 75% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad (la tasa más alta entre países de la OCDE), 17% tiene diabetes diagnosticada (con estimaciones de igual proporción sin diagnosticar), 30% padece hipertensión arterial y 18% presenta niveles elevados de colesterol. Estos factores, asociados a dietas inadecuadas y sedentarismo, presagian una carga creciente de enfermedad crónica.

En contraste, las muertes por causas evitables con atención médica oportuna (mortalidad amenable) se mantienen en niveles elevados respecto a países de ingreso similar. La tasa de mortalidad materna (33.3 por 100,000 nacidos vivos), aunque ha disminuido, sigue siendo inaceptablemente alta y evidencia deficiencias en la atención prenatal y obstétrica, particularmente en zonas rurales e indígenas.

Satisfacción y percepción ciudadana

Las encuestas de satisfacción con los servicios de salud muestran resultados mixtos. En general, el 62% de los usuarios de servicios públicos reporta satisfacción con la atención recibida, aunque este porcentaje varía significativamente entre instituciones: IMSS (68%), ISSSTE (65%), Secretaría de Salud/IMSS-Bienestar (54%). Los servicios privados obtienen calificaciones superiores (78%), pero con acceso limitado por costo.

Los principales motivos de insatisfacción incluyen tiempos de espera prolongados (reportados por 72% de los usuarios de servicios públicos), falta de medicamentos (48%), trato inadecuado del personal (35%) y limitaciones en estudios y procedimientos disponibles (42%). La experiencia de atención es percibida como más adversa en población rural e indígena.

La confianza institucional en el sistema de salud, medida por encuestas generales, ha oscilado en los últimos años. Mientras que durante la pandemia se observó un repunte de aprecio por el personal de salud, las problemáticas de desabasto y acceso han erosionado la confianza en las instituciones. Solo el 38% de la población considera que el sistema de salud está mejorando, mientras que 29% percibe deterioro y 33% estabilidad.