El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó los resultados de la medición de pobreza correspondiente a 2024, revelando que 46.8 millones de personas en México viven en situación de pobreza, lo que representa el 36.3% de la población total del país. Este análisis exhaustivo examina las dimensiones, tendencias y distribución geográfica de la pobreza en México con base en los datos oficiales más recientes.

La metodología de medición multidimensional de la pobreza utilizada por CONEVAL considera no solo el ingreso de los hogares, sino también seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Una persona se considera en situación de pobreza cuando tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos Y presenta al menos una carencia social.

Cifras generales y comparativo histórico

Los 46.8 millones de personas en pobreza se distribuyen en dos categorías: 37.9 millones en pobreza moderada y 8.9 millones en pobreza extrema. Esta última categoría agrupa a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (insuficiente para adquirir la canasta alimentaria) y presentan tres o más carencias sociales.

Comparado con la medición de 2022, la pobreza total se redujo en 1.2 puntos porcentuales (de 37.5% a 36.3%), lo que equivale a aproximadamente 800,000 personas menos en esta condición. Sin embargo, la pobreza extrema mostró una reducción menor, pasando de 7.1% a 6.9% de la población, evidenciando que los avances en el combate a la pobreza han beneficiado principalmente a quienes se encontraban más cerca del umbral.

En perspectiva histórica de largo plazo, la pobreza en México ha mostrado una tendencia a la baja desde 2008, cuando alcanzó su máximo reciente de 44.4%. No obstante, la pandemia de COVID-19 provocó un repunte significativo en 2020 que tardó dos años en revertirse. Las cifras actuales representan el nivel más bajo registrado desde que inició la medición multidimensional en 2008.

Distribución geográfica de la pobreza

La pobreza en México presenta una marcada heterogeneidad geográfica. Los estados del sur-sureste concentran los mayores porcentajes de población en pobreza: Chiapas (75.5%), Guerrero (66.4%), Oaxaca (61.7%), Veracruz (52.3%) y Puebla (51.8%) ocupan los primeros lugares. En contraste, entidades del norte como Nuevo León (14.2%), Baja California (18.6%) y Coahuila (19.8%) registran los menores niveles.

En términos absolutos (número de personas en pobreza), el Estado de México lidera con 6.4 millones, seguido de Veracruz (4.3 millones), Chiapas (4.1 millones), Puebla (3.4 millones) y Guanajuato (2.4 millones). Estas cinco entidades concentran el 43% del total nacional de población en pobreza.

A nivel municipal, los contrastes son aún más pronunciados. Municipios como San Marcos (Chiapas), Metlatónoc (Guerrero) y Santos Reyes Yucuná (Oaxaca) presentan tasas de pobreza superiores al 95% de su población, mientras que municipios como San Pedro Garza García (Nuevo León) y Benito Juárez (CDMX) registran tasas inferiores al 5%.

Análisis de carencias sociales

Las carencias sociales afectan de manera diferenciada a la población mexicana. El acceso a la seguridad social es la carencia más extendida, presente en el 50.2% de la población (64.7 millones de personas). Esta cifra refleja la alta incidencia de la informalidad laboral en México, donde más de la mitad de los trabajadores no cuenta con protección de instituciones como el IMSS o el ISSSTE.

Le sigue el rezago educativo, que afecta al 17.4% de la población (22.4 millones de personas). Esta carencia se concentra principalmente en adultos mayores que no completaron la educación básica cuando esta no era obligatoria, aunque persisten brechas significativas en poblaciones indígenas y rurales.

La carencia por acceso a servicios de salud se redujo significativamente a 33.5% de la población, en parte debido a la expansión del IMSS-Bienestar. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil cuestionan si el acceso formal se traduce en atención efectiva, señalando problemas de desabasto de medicamentos y saturación de unidades médicas.

Las carencias relacionadas con vivienda (calidad y espacios, y servicios básicos) afectan al 8.5% y 17.3% de la población respectivamente. La carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad impacta al 18.2% de la población, con una concentración particular en hogares con niños pequeños y comunidades indígenas.

Pobreza en poblaciones específicas

Los datos de CONEVAL permiten analizar la incidencia diferenciada de la pobreza en grupos poblacionales específicos. La población indígena presenta una tasa de pobreza de 65.2%, casi el doble del promedio nacional. Dentro de este grupo, la pobreza extrema alcanza el 22.3%, más de tres veces el promedio general.

Los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) son el grupo etario más afectado por la pobreza, con una tasa de 48.6%. Esto significa que prácticamente la mitad de los menores en México crecen en condiciones de privación material, con implicaciones profundas para su desarrollo físico, cognitivo y emocional. La brecha respecto a los adultos (33.1%) y adultos mayores (38.8%) es consistente en todas las mediciones.

Las mujeres presentan una tasa de pobreza ligeramente superior a la de los hombres (37.1% vs 35.4%), pero la brecha se amplía significativamente en hogares encabezados por mujeres solas con hijos, donde la pobreza alcanza el 52.3%. La desigualdad de género en el mercado laboral, las responsabilidades de cuidado no remunerado y el acceso limitado a activos económicos explican esta vulnerabilidad diferenciada.

Pobreza laboral y salario mínimo

El índice de pobreza laboral, que mide el porcentaje de la población en hogares donde el ingreso laboral es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, se ubicó en 36.6% al cierre de 2024. Esta cifra, aunque inferior al máximo histórico de 44.5% registrado durante la pandemia, sigue siendo elevada y refleja los bajos salarios prevalecientes en el mercado laboral mexicano.

Los incrementos sostenidos al salario mínimo implementados desde 2019 han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza laboral. El salario mínimo real (ajustado por inflación) se ha más que duplicado en este periodo, beneficiando directamente a los trabajadores en la base de la distribución salarial. Sin embargo, los efectos de esta política se diluyen conforme se asciende en la escala de ingresos, y una proporción significativa de trabajadores percibe ingresos cercanos al mínimo que los mantienen en situación de vulnerabilidad.

La informalidad laboral, que afecta al 54.3% de la población ocupada, limita el impacto de las políticas de formalización y mejora salarial. Los trabajadores informales no solo carecen de seguridad social, sino que típicamente perciben ingresos inferiores y más volátiles que sus contrapartes formales en ocupaciones similares.

Programas sociales y transferencias

Los programas de transferencias monetarias del gobierno federal, particularmente las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las Becas Benito Juárez, han contribuido a la reducción de la pobreza medida. CONEVAL estima que, en ausencia de estos programas, la pobreza por ingresos sería 4.2 puntos porcentuales superior.

Sin embargo, la efectividad de los programas sociales en reducir la pobreza multidimensional es más limitada, ya que las transferencias monetarias no resuelven directamente las carencias en acceso a servicios. La focalización de los programas también ha sido objeto de debate: mientras que algunos están dirigidos universalmente a ciertos grupos poblacionales (como los adultos mayores), otros mantienen criterios de selección que no siempre identifican correctamente a los más necesitados.

El gasto social como porcentaje del PIB se ha mantenido relativamente estable en torno al 4%, nivel inferior al promedio de países de la OCDE y de América Latina. Algunos analistas argumentan que la reducción sostenida de la pobreza requiere no solo mantener los programas actuales, sino incrementar la inversión en servicios públicos de calidad, especialmente en educación, salud e infraestructura básica en las regiones más rezagadas.