El gobierno de México anunció que será sede de la Cumbre Regional de Cambio Climático 2026, un evento que reunirá a jefes de estado y ministros de medio ambiente de 18 países latinoamericanos para discutir estrategias conjuntas frente a la crisis climática global. El evento se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo en Cancún, Quintana Roo, aprovechando la infraestructura del Centro de Convenciones y la experiencia del país como anfitrión de la histórica COP16 en 2010.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informó que la cumbre tiene como objetivo principal establecer una hoja de ruta regional para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, además de crear mecanismos de cooperación financiera y técnica entre los países participantes. La iniciativa surge en un contexto donde América Latina enfrenta fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, desde sequías prolongadas hasta huracanes de categorías sin precedentes.
Agenda y temas prioritarios de la cumbre
La agenda preliminar de la Cumbre Regional de Cambio Climático abarca cuatro ejes temáticos fundamentales que reflejan las prioridades de la región. El primero de ellos es la transición energética justa, que busca equilibrar la necesidad de reducir dependencia de combustibles fósiles con las realidades económicas y sociales de cada país. Países como Venezuela, Ecuador y México, con economías petroleras significativas, enfrentan desafíos particulares en este ámbito.
El segundo eje temático se centra en la protección de ecosistemas críticos, particularmente la Amazonía, los humedales del Pantanal, los bosques mesoamericanos y los ecosistemas marinos del Caribe y el Pacífico. Brasil, Colombia, Perú y México concentran algunos de los territorios con mayor biodiversidad del planeta, y su preservación resulta crucial para la estabilidad climática global.
El tercer tema prioritario es el financiamiento climático, un asunto que ha generado tensiones entre países desarrollados y en desarrollo. Los gobiernos latinoamericanos insistirán en que las naciones industrializadas, históricamente responsables de la mayor parte de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero, cumplan sus compromisos de financiamiento para adaptación y mitigación en el Sur Global. Se estima que la región requiere inversiones anuales de al menos 150,000 millones de dólares para alcanzar sus metas climáticas.
Finalmente, el cuarto eje aborda la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria. Los fenómenos extremos han causado pérdidas económicas superiores a los 50,000 millones de dólares en la región durante los últimos cinco años, afectando desproporcionadamente a comunidades vulnerables. La cumbre buscará establecer sistemas de alerta temprana coordinados y fondos de respuesta rápida ante emergencias climáticas.
Posición de México y sus compromisos
Como país anfitrión, México llega a la cumbre con una posición que combina avances significativos en algunos rubros con deudas pendientes en otros. En materia de energías renovables, el país ha incrementado su capacidad instalada de generación solar y eólica en un 45% durante el último sexenio, aunque la política de priorizar a la Comisión Federal de Electricidad ha generado controversia sobre el ritmo de la transición energética.
En protección forestal, México reporta una reducción del 18% en la tasa de deforestación anual gracias al programa Sembrando Vida, aunque organizaciones ambientalistas cuestionan la metodología de medición y señalan que los monocultivos promovidos por el programa no equivalen a restauración de ecosistemas nativos. El país se ha comprometido a alcanzar cero deforestación neta para 2030, una meta ambiciosa que requerirá esfuerzos adicionales.
La SEMARNAT presentará durante la cumbre la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de México, que incluye el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% para 2030 respecto a los niveles de 2010, y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Para lograrlo, se anunciarán inversiones en electromovilidad, eficiencia energética industrial y captura de carbono en suelos agrícolas.
Participación de la sociedad civil y sector privado
Paralelamente a las negociaciones gubernamentales, la cumbre contará con espacios de participación para organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, sector académico y empresas comprometidas con la sostenibilidad. Se espera la asistencia de más de 3,000 representantes de estos sectores, quienes tendrán voz aunque no voto en las deliberaciones oficiales.
Las organizaciones indígenas de la región han demandado que la cumbre reconozca su papel como guardianes de los territorios con mayor integridad ecológica. Estudios recientes demuestran que las tierras bajo manejo indígena presentan tasas de deforestación significativamente menores que las áreas protegidas convencionales, lo que subraya la importancia de fortalecer los derechos territoriales y la gobernanza comunitaria.
El sector privado, por su parte, presentará compromisos voluntarios de descarbonización y economía circular. Grandes corporaciones latinoamericanas en sectores como minería, agroindustria, manufactura y servicios financieros anunciarán metas de reducción de huella de carbono y alineamiento con los estándares de la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi).
Desafíos y expectativas de resultados
Los analistas señalan que la cumbre enfrenta desafíos significativos para lograr resultados concretos. La heterogeneidad política y económica de la región, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y países con niveles de desarrollo muy dispares, complica la construcción de consensos. Además, la coyuntura económica global, marcada por presiones inflacionarias y endeudamiento público elevado, limita la capacidad de inversión en transición verde.
Sin embargo, existen señales alentadoras. La creciente frecuencia de eventos climáticos extremos ha elevado la conciencia pública sobre la urgencia de actuar, generando presión ciudadana sobre los gobiernos. Asimismo, la reducción acelerada de costos en tecnologías limpias, particularmente en generación solar y almacenamiento de baterías, hace que la transición energética sea cada vez más viable económicamente.
Los organizadores esperan que la cumbre produzca una declaración conjunta con compromisos verificables y mecanismos de seguimiento, así como acuerdos bilaterales y multilaterales específicos en materia de cooperación técnica y financiera. El éxito del evento se medirá no solo por las declaraciones finales, sino por la capacidad de traducir los compromisos en acciones concretas durante los años siguientes.
Implicaciones para la política exterior mexicana
Para México, la organización de esta cumbre representa una oportunidad de posicionarse como líder regional en la agenda climática y fortalecer su presencia diplomática en América Latina. El país busca equilibrar su relación prioritaria con Estados Unidos con un mayor acercamiento a sus vecinos del sur, y la diplomacia climática ofrece un terreno de colaboración que trasciende las diferencias políticas.
La cancillería mexicana ha indicado que la cumbre forma parte de una estrategia más amplia de reposicionamiento regional que incluye la reactivación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la promoción de esquemas de integración económica y cooperación en seguridad. La agenda ambiental, en este contexto, funciona como un catalizador de diálogo y construcción de confianza entre gobiernos con perspectivas diversas.
