El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria oficial para la celebración de elecciones extraordinarias en 23 municipios y 8 distritos electorales locales distribuidos en cinco entidades federativas: Guerrero, Michoacán, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Los comicios, programados para el 16 de febrero de 2026, permitirán a más de 2.3 millones de ciudadanos elegir a las autoridades que no pudieron definirse en el proceso electoral ordinario de 2024 debido a diversas irregularidades que llevaron a la anulación de resultados.

El consejero presidente del INE explicó en conferencia de prensa que las causales de nulidad incluyeron violencia e intimidación contra electores, compra de votos, uso indebido de programas sociales con fines electorales, propaganda gubernamental en periodo prohibido y alteración de paquetes electorales. En varios casos, las resoluciones de anulación fueron confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras impugnaciones de los partidos afectados.

Distribución geográfica de las elecciones

Guerrero concentra la mayor cantidad de comicios extraordinarios, con 9 alcaldías por elegir en municipios de la Costa Chica, la Montaña y la región Centro. La violencia asociada al crimen organizado y las disputas entre grupos de autodefensa fueron factores determinantes en la anulación de los comicios originales. El INE coordinará con las fuerzas de seguridad federales un operativo especial para garantizar condiciones mínimas de paz durante la jornada electoral.

Michoacán celebrará elecciones en 6 municipios, principalmente en la región de Tierra Caliente y el Bajío michoacano, zonas donde la presencia de grupos delictivos ha alterado históricamente los procesos electorales. Las autoridades electorales locales han implementado protocolos reforzados de cadena de custodia para el material electoral y sistemas de monitoreo en tiempo real de las casillas.

En Puebla se repetirán comicios en 4 municipios de la Sierra Norte y la Sierra Negra, donde la compra de votos y el uso de programas sociales fueron las principales causales de nulidad. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla ha desplegado observadores en las comunidades desde semanas antes de la elección para documentar cualquier irregularidad.

Chiapas y Oaxaca completarán el mapa de elecciones extraordinarias con 2 municipios cada uno, principalmente en regiones indígenas donde las disputas agrarias y las tensiones intercomunitarias se han mezclado con los conflictos político-electorales. En estos casos, el INE ha establecido mesas de diálogo con autoridades tradicionales para prevenir enfrentamientos el día de la votación.

Medidas de seguridad y logística electoral

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el despliegue de 8,500 elementos de la Guardia Nacional en las zonas donde se celebrarán los comicios extraordinarios, complementados por fuerzas de seguridad estatales y municipales. El operativo incluye patrullajes preventivos en las semanas previas, protección de sedes distritales y municipales del INE, y escoltas para el traslado de material electoral.

El INE ha implementado medidas tecnológicas adicionales para blindar el proceso, incluyendo la transmisión en tiempo real de incidencias desde las casillas, el uso de códigos QR para verificar la autenticidad del material electoral y la instalación de cámaras de vigilancia en los centros de acopio y cómputo. Estas herramientas permitirán detectar y documentar cualquier intento de alteración de los resultados.

La capacitación de funcionarios de casilla ha sido reforzada con módulos específicos sobre manejo de situaciones de riesgo y protocolo de actuación ante presencia de personas armadas. Los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla han recibido también información sobre los canales de comunicación de emergencia disponibles durante la jornada electoral.

Panorama político y contendientes

Los partidos políticos han registrado candidaturas para todos los cargos en disputa, aunque en varios casos con perfiles diferentes a los que compitieron en la elección anulada. El partido gobernante a nivel federal busca retener las posiciones que había ganado originalmente, mientras que la oposición ve una oportunidad de capitalizar el descontento ciudadano por las irregularidades que motivaron la repetición de los comicios.

Las coaliciones electorales han adoptado estrategias diferenciadas según cada municipio. En algunos casos, partidos que compitieron por separado en 2024 han decidido aliarse para las elecciones extraordinarias, mientras que en otros las coaliciones originales se han fracturado por disputas internas sobre las candidaturas. Esta reconfiguración del tablero político añade incertidumbre a los pronósticos sobre los resultados.

Las campañas electorales, que oficialmente iniciaron el 17 de enero, estarán sujetas a un escrutinio intensificado por parte de las autoridades electorales y la sociedad civil organizada. El INE ha establecido topes de gasto reducidos en proporción al periodo acortado de campaña y ha reforzado la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y la neutralidad de los servidores públicos.

Participación ciudadana y observación electoral

Las organizaciones de la sociedad civil han convocado a la ciudadanía a participar activamente en los comicios extraordinarios, tanto ejerciendo su derecho al voto como integrándose a los programas de observación electoral. El INE ha acreditado a más de 1,500 observadores nacionales y a misiones de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea que darán seguimiento a la jornada.

La participación ciudadana en elecciones extraordinarias históricamente tiende a ser menor que en comicios ordinarios, lo que representa un desafío para la legitimidad de las autoridades electas. El INE y los organismos locales han lanzado campañas de promoción del voto adaptadas a las condiciones particulares de cada región, incluyendo materiales en lenguas indígenas y difusión a través de medios comunitarios.

Los analistas políticos señalan que la jornada del 16 de febrero será una prueba de fuego para la capacidad del Estado mexicano de garantizar elecciones libres en contextos adversos. El éxito o fracaso de estos comicios extraordinarios tendrá implicaciones para la confianza ciudadana en las instituciones electorales y para la estabilidad política de las regiones involucradas durante el resto del sexenio.

Implicaciones para el sistema electoral mexicano

La frecuencia con que se han anulado elecciones en los últimos años ha generado un debate sobre la necesidad de reformas estructurales al sistema electoral mexicano. Algunos actores políticos y académicos proponen endurecer las sanciones por delitos electorales, fortalecer los mecanismos de fiscalización y establecer regímenes especiales para zonas con altos niveles de violencia o vulnerabilidad.

El costo financiero de las elecciones extraordinarias también ha sido objeto de discusión. El INE estimó que estos comicios requerirán una inversión de aproximadamente 450 millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a otros fines si los procesos ordinarios hubieran transcurrido sin irregularidades. Esta cifra no incluye los costos de seguridad pública ni el impacto económico en las comunidades afectadas.

Más allá de los aspectos técnicos y financieros, las elecciones extraordinarias plantean interrogantes sobre la calidad de la democracia mexicana en el ámbito local. La persistencia de prácticas clientelares, la captura de instituciones por intereses particulares y la violencia política son fenómenos que erosionan la confianza ciudadana y debilitan el tejido social. Su atención requiere esfuerzos sostenidos que trascienden el ámbito electoral y abarcan dimensiones de desarrollo económico, educación cívica y estado de derecho.