El Informe Anual sobre Derechos Humanos en México 2025, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, documenta 12 áreas de preocupación prioritaria. El diagnóstico, basado en visitas in situ, testimonios de víctimas y análisis de políticas públicas, señala deterioro en varios indicadores pese a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Desapariciones

El registro oficial de personas desaparecidas y no localizadas superó los 120,000 casos, incremento del 18% respecto al año anterior. El 92% de los casos permanece sin resolución, con tasas de impunidad que perpetúan el ciclo de violencia. Las comisiones de búsqueda estatales operan con recursos insuficientes: en promedio, cada buscador tiene asignados 450 casos simultáneos.

Los colectivos de familiares buscadores realizaron 2,400 brigadas de búsqueda en 2025, localizando 890 fosas clandestinas con restos de más de 3,200 personas. La labor de búsqueda recae predominantemente en madres y familiares, con apoyos gubernamentales limitados e intermitentes.

La identificación de restos enfrenta rezago crítico. Los servicios forenses tienen capacidad para procesar 15,000 muestras anuales, pero el acumulado de restos sin identificar supera los 52,000. Familias esperan en promedio 8 años para obtener identificación de sus seres queridos.

Tortura y tratos crueles

Las denuncias por tortura aumentaron 24% respecto a 2024. El Comité contra la Tortura de la ONU documentó patrones sistemáticos de malos tratos en detenciones por fuerzas de seguridad federales y estatales. El 78% de las personas detenidas reportan alguna forma de violencia física durante el proceso de aprehensión.

Los centros penitenciarios presentan condiciones de hacinamiento (ocupación promedio del 135% de capacidad), violencia interna (780 muertes en custodia durante 2025), y autogobierno de facto en 45% de los penales federales y estatales.

Violencia de género

Los feminicidios alcanzaron 1,012 casos tipificados, más 2,800 homicidios dolosos de mujeres clasificados como tales pero no investigados como feminicidios. La tasa de impunidad en feminicidios es del 94%, con solo 62 sentencias condenatorias en el año.

Las denuncias por violencia familiar aumentaron 35%, reflejando tanto incremento real como mayor disposición a denunciar. Sin embargo, el 85% de las denuncias no deriva en acción judicial efectiva. Los refugios para mujeres víctimas de violencia operan a 120% de capacidad, rechazando solicitudes por falta de espacio.

Libertades fundamentales

La libertad de expresión enfrenta amenazas persistentes. Diez periodistas fueron asesinados en 2025, y 145 reportaron agresiones físicas o amenazas. El Mecanismo de Protección a Periodistas tiene 589 beneficiarios, pero su efectividad es cuestionada tras ataques contra personas bajo protección.

La libertad de reunión experimentó restricciones. Manifestaciones fueron dispersadas con uso desproporcionado de fuerza en 23 ocasiones documentadas. La reforma a la Ley de Seguridad Interior amplía facultades de intervención militar en protestas civiles.

La libertad de asociación de organizaciones de sociedad civil enfrenta obstáculos crecientes. Modificaciones a leyes fiscales eliminaron beneficios a donatarias autorizadas que realicen "activismo político", categoría definida de forma amplia que abarca defensa de derechos humanos.

Grupos vulnerables

Los pueblos indígenas enfrentan violaciones sistemáticas. Defensores de tierra y territorio sufrieron 34 asesinatos, el número más alto desde que hay registro. Los proyectos de desarrollo se implementan sin consulta previa, libre e informada en el 78% de los casos que afectan territorios indígenas.

Las personas migrantes en tránsito y retornadas enfrentan violencia institucional y criminal. Los centros de detención migratoria registraron 45,000 personas en condiciones que el informe califica como "tratos inhumanos". Las deportaciones exprés sin debido proceso alcanzaron 180,000 casos.

La comunidad LGBTQ+ reportó incremento del 28% en crímenes de odio. La legislación de identidad de género está vigente solo en 12 entidades, y el matrimonio igualitario enfrenta resistencias de implementación en estados gobernados por partidos conservadores.

Recomendaciones

El informe incluye 45 recomendaciones específicas al Estado mexicano, incluyendo: reforma integral del sistema de procuración de justicia, fortalecimiento presupuestal del sistema de búsqueda, tipificación uniforme de tortura en códigos estatales, sistema único de atención a víctimas de violencia de género, y garantías efectivas para ejercicio de libertades.

El gobierno mexicano rechazó parcialmente el informe, calificándolo de "sesgado" y "políticamente motivado". La respuesta oficial señala avances no reconocidos en programas sociales y cuestiona metodología de recopilación de información. Organizaciones de derechos humanos nacionales validaron los hallazgos del Alto Comisionado.