El sistema de pensiones en México enfrenta desafíos estructurales derivados de su fragmentación histórica, la transición demográfica hacia una población más envejecida, y la informalidad laboral que excluye a millones de trabajadores de los esquemas contributivos. Este reporte especial presenta un análisis integral de la situación actual, las reformas implementadas y en proceso, y las perspectivas de sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo.

México opera un sistema de pensiones mixto que combina esquemas de beneficio definido (que garantizan una pensión proporcional al salario) con esquemas de contribución definida (donde la pensión depende del ahorro acumulado). Esta dualidad, resultado de reformas implementadas en diferentes momentos, genera inequidades intergeneracionales y complejidades administrativas significativas.

Cobertura del sistema de pensiones

La cobertura de pensiones contributivas en México es una de las más bajas de América Latina. Según datos de la CONSAR y el INEGI, solo el 23% de los adultos mayores de 65 años recibe una pensión proveniente de sistemas contributivos (IMSS, ISSSTE, estados, Pemex, CFE, universidades). El resto depende de transferencias familiares, trabajo continuo en la vejez o programas asistenciales como la Pensión para el Bienestar.

Esta baja cobertura es reflejo directo de la informalidad laboral: solo los trabajadores que cotizan al menos 1,000 semanas (aproximadamente 20 años) al IMSS o ISSSTE tienen derecho a una pensión. Dado que más de la mitad de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, millones de personas llegan a la vejez sin haber acumulado las semanas requeridas.

La cobertura presenta marcadas diferencias por género, nivel educativo y ubicación geográfica. Las mujeres tienen tasas de cobertura significativamente menores (18% vs 29% de los hombres), reflejando su menor participación laboral formal y las interrupciones de carrera por responsabilidades de cuidado. Los adultos mayores en zonas rurales e indígenas presentan las menores tasas de acceso a pensiones contributivas.

Fragmentación y desigualdad del sistema

El sistema de pensiones mexicano está fragmentado en más de 100 esquemas diferentes, cada uno con reglas, beneficios y requisitos distintos. Los principales son el régimen de la Ley del IMSS de 1973 (beneficio definido, generoso pero en extinción), el régimen de la Ley del IMSS de 1997 (contribución definida para trabajadores privados), el ISSSTE (con reforma similar en 2007), y múltiples sistemas estatales, universitarios y de empresas paraestatales.

Las desigualdades entre regímenes son pronunciadas. Un trabajador jubilado bajo la Ley del IMSS de 1973 puede recibir una pensión equivalente al 100% de su último salario, mientras que un trabajador del régimen de 1997 con el mismo historial salarial podría recibir una pensión de apenas el 30-40% de su último sueldo. Esta brecha genera percepciones de inequidad intergeneracional.

Los sistemas de pensiones de estados, universidades y paraestatales suelen ser más generosos que el IMSS, pero también más costosos fiscalmente. Varios de estos esquemas enfrentan déficits actuariales severos que han requerido inyecciones de recursos públicos o reformas paramétricas para evitar su colapso. La homologación de condiciones entre regímenes sigue siendo una reforma pendiente.

Reforma de pensiones 2020-2024

La reforma a la Ley del Seguro Social promulgada en 2020, con implementación gradual hasta 2030, modificó los parámetros del sistema de cuentas individuales para mejorar las pensiones esperadas. Los principales cambios incluyen la reducción de las semanas de cotización requeridas (de 1,250 a 1,000 para 2031), el incremento de las aportaciones patronales (de 5.15% a 13.875% del salario), y el aumento de la pensión mínima garantizada.

Según proyecciones de la CONSAR, estas modificaciones permitirán que las tasas de reemplazo (pensión como porcentaje del último salario) aumenten del 26% actual a niveles cercanos al 40% para trabajadores que coticen toda su vida laboral bajo el nuevo esquema. Sin embargo, los beneficios plenos solo se materializarán para trabajadores que ingresen al mercado laboral formal a partir de 2021.

El incremento de las aportaciones patronales ha generado debate sobre sus efectos en el empleo formal. Algunos analistas advierten que el mayor costo laboral podría incentivar la informalidad, mientras que otros argumentan que el incremento gradual (0.3% anual hasta 2030) es manejable y necesario para garantizar pensiones dignas.

Pensión para el Bienestar: cobertura y suficiencia

Ante la limitada cobertura del sistema contributivo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha convertido en el principal ingreso de millones de personas en la vejez. Este programa asistencial, de carácter universal para mayores de 65 años, alcanza actualmente a 12.4 millones de beneficiarios con transferencias de $6,000 pesos bimestrales ($3,000 mensuales).

El monto de la pensión asistencial es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona adulta mayor. La línea de pobreza por ingresos del CONEVAL para una persona en zona urbana es de aproximadamente $4,800 mensuales, lo que significa que la pensión del Bienestar, por sí sola, no saca de la pobreza a sus beneficiarios. Sin embargo, combinada con otros ingresos familiares o laborales, mejora significativamente su situación.

El costo fiscal del programa ha crecido exponencialmente, pasando de $140,000 millones de pesos en 2020 a $465,000 millones proyectados para 2026. El envejecimiento poblacional garantiza incrementos continuos: para 2050 se estima que habrá más de 25 millones de personas mayores de 65 años (vs 12 millones actuales), lo que duplicaría el costo del programa en términos reales si se mantienen las reglas actuales.

Desafíos del envejecimiento poblacional

México atraviesa una transición demográfica acelerada que transformará la estructura etaria del país en las próximas décadas. La proporción de adultos mayores de 65 años pasará del 9% actual al 17% en 2050 y al 24% en 2070. Simultáneamente, la proporción de población en edad productiva (15-64 años) disminuirá, reduciendo el número de trabajadores activos por cada pensionado.

La relación de dependencia de adultos mayores (número de personas de 65+ por cada 100 personas de 15-64 años) aumentará de 13 actual a 28 en 2050 y 40 en 2070. Esta dinámica implica que cada vez menos trabajadores tendrán que financiar las pensiones de más jubilados, sea a través de impuestos (para pensiones no contributivas) o de aportaciones al sistema de cuentas individuales.

El bono demográfico, ese período favorable en que la población en edad de trabajar supera ampliamente a la dependiente, está llegando a su fin en México. Las próximas dos décadas representan la última ventana de oportunidad para fortalecer los sistemas de ahorro para el retiro y crear la infraestructura institucional necesaria para atender a una población envejecida.

Propuestas y perspectivas de reforma

Diversos actores académicos, empresariales y de la sociedad civil han propuesto reformas adicionales para fortalecer el sistema de pensiones. Entre las propuestas más discutidas se encuentran: la creación de un pilar básico universal financiado con impuestos generales; el incremento de las aportaciones del trabajador además de las patronales; la extensión de la edad de retiro en línea con el aumento de la esperanza de vida; y la portabilidad total entre sistemas que permita acumular derechos sin importar el empleador.

Las reformas paramétricas (ajustes a tasas de contribución, edad de retiro, años requeridos) son necesarias pero políticamente difíciles de implementar, especialmente aquellas que implican pérdida de beneficios para trabajadores actuales o próximos al retiro. La experiencia de otros países muestra que las reformas exitosas requieren consensos amplios, comunicación efectiva y períodos de transición prolongados.

La CONSAR y organismos internacionales como la OCDE han enfatizado la importancia de incrementar la educación financiera y el ahorro voluntario como complemento a las pensiones obligatorias. Actualmente, menos del 3% de los trabajadores realiza aportaciones voluntarias a sus cuentas de Afore, desaprovechando incentivos fiscales y la oportunidad de mejorar sus pensiones futuras.