México enfrenta una crisis hídrica estructural que combina escasez natural en amplias regiones del territorio, sobreexplotación de acuíferos, infraestructura obsoleta, contaminación de cuerpos de agua y efectos del cambio climático. Este reporte especial presenta un diagnóstico integral de la situación con base en datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), investigaciones científicas y testimonios de comunidades afectadas, ofreciendo también un panorama de las soluciones propuestas y su viabilidad.

El agua es un recurso esencial para la vida, la producción de alimentos, la industria y los ecosistemas. Su escasez o mala gestión tiene implicaciones directas en la salud pública, la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad social. Comprender las dimensiones del problema hídrico en México resulta fundamental para evaluar políticas públicas y tomar decisiones informadas sobre su uso.

Disponibilidad natural y distribución geográfica

México recibe en promedio 1,449 kilómetros cúbicos de precipitación anual, de los cuales aproximadamente el 72% se evapora, el 22% escurre por ríos y arroyos, y el 6% se infiltra para recargar acuíferos. La disponibilidad natural media de agua per cápita es de 3,656 metros cúbicos anuales, cifra que lo ubica en la categoría de "estrés hídrico bajo" según estándares internacionales. Sin embargo, este promedio nacional oculta desigualdades territoriales extremas.

La distribución geográfica del agua es inversa a la distribución de la población y la actividad económica. El sureste del país (Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche) concentra el 67% del agua renovable pero solo el 23% de la población. El norte y centro (Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México, CDMX) albergan al 77% de la población pero disponen solo del 33% del agua. Esta asimetría ha requerido costosa infraestructura de trasvase y sobreexplotación de recursos locales.

La variabilidad temporal agrava la escasez: el 80% de la precipitación ocurre entre junio y septiembre, dejando períodos prolongados de sequía el resto del año. El cambio climático está intensificando esta variabilidad, con temporadas de lluvias más cortas e intensas, sequías más prolongadas y fenómenos extremos más frecuentes.

Sobreexplotación de acuíferos

México cuenta con 653 acuíferos identificados, de los cuales 157 (el 24%) se encuentran en condición de sobreexplotación, es decir, se extrae más agua de la que se recarga naturalmente. Estos acuíferos sobreexplotados se ubican principalmente en el norte y centro del país, donde sustentan la agricultura de riego, el abastecimiento urbano y la industria.

La sobreexplotación tiene consecuencias graves: el nivel de los acuíferos desciende progresivamente (en algunos casos más de un metro por año), los costos de bombeo aumentan, la calidad del agua se deteriora por intrusión salina o concentración de minerales, y se producen hundimientos del terreno que dañan infraestructura urbana. La Ciudad de México se hunde en promedio 20 centímetros al año debido a la extracción del acuífero que la sustenta.

La regulación de la extracción de agua subterránea enfrenta desafíos de aplicación. Aunque CONAGUA administra un sistema de concesiones, existen miles de pozos ilegales o no registrados. Las vedas que prohíben nuevas extracciones en zonas críticas son frecuentemente violadas, y las sanciones son insuficientes para disuadir el uso no autorizado.

Infraestructura hídrica y eficiencia

La infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento en México presenta rezagos significativos y deterioro acumulado. Según datos del INEGI, el 95.4% de las viviendas cuenta con agua entubada (dentro o fuera de la vivienda), pero solo el 78% recibe agua diariamente. El tandeo (suministro por horarios o días alternados) afecta a millones de habitantes, especialmente en zonas periféricas de las grandes ciudades y en regiones con estrés hídrico.

Las pérdidas en las redes de distribución de agua potable promedian el 40% a nivel nacional, alcanzando hasta el 60% en algunos sistemas municipales. Esta "agua no contabilizada" representa un desperdicio masivo de un recurso escaso y costoso de producir. La rehabilitación de redes requiere inversiones estimadas en más de $300,000 millones de pesos que los organismos operadores no pueden financiar con sus tarifas actuales.

El tratamiento de aguas residuales ha mejorado pero sigue siendo insuficiente. Actualmente se trata el 63% de las aguas residuales municipales recolectadas, pero el resto se vierte sin tratamiento a ríos, lagos y mares, contaminando cuerpos de agua y afectando ecosistemas. La capacidad de tratamiento instalada frecuentemente opera por debajo de su potencial debido a falta de mantenimiento o recursos para operación.

Zonas críticas y conflictos por el agua

Varias regiones del país enfrentan situaciones de crisis aguda que han generado conflictos sociales. El Valle de México, con 22 millones de habitantes, depende en 40% del Sistema Cutzamala que extrae agua de presas a 150 kilómetros de distancia. Las presas del sistema operan al 38% de capacidad tras años de sequía, obligando a reducciones del suministro que afectan a millones de capitalinos.

La región Laguna (Coahuila-Durango), uno de los principales polos agroindustriales del país, enfrenta agotamiento de sus acuíferos por la expansión de la ganadería lechera y la agricultura de forrajes. Los niveles freáticos han descendido más de 100 metros en algunas zonas, y la calidad del agua se ha deteriorado por concentración de arsénico y otros minerales.

En el noroeste (Sonora, Baja California), la combinación de agricultura intensiva, crecimiento urbano y cambio climático genera competencia creciente por recursos limitados. Los trasvases desde el Río Colorado y la Presa El Novillo no son suficientes para satisfacer la demanda, y las sequías recurrentes exacerban los conflictos entre usuarios agrícolas, urbanos e industriales.

Cambio climático y proyecciones

Los modelos climáticos proyectan un deterioro de las condiciones hídricas en la mayor parte del territorio mexicano durante las próximas décadas. Se anticipan reducciones de la precipitación media anual de entre 10% y 20% en el norte y centro del país para mediados de siglo, así como mayor frecuencia de sequías severas y prolongadas.

Las temperaturas más elevadas incrementarán la evaporación de cuerpos de agua superficiales y la evapotranspiración de cultivos, aumentando la demanda de riego incluso si la producción agrícola se mantiene constante. La combinación de menor oferta y mayor demanda configurará un escenario de estrés hídrico creciente para las regiones ya afectadas.

El deshielo de glaciares en las montañas más altas de México (Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl) reducirá los flujos de agua durante la temporada seca, afectando a comunidades que dependen de estos escurrimientos. Se estima que los glaciares mexicanos podrían desaparecer completamente antes de 2050.

Alternativas y soluciones propuestas

Las soluciones a la crisis hídrica requieren un enfoque integral que combine gestión de la demanda, incremento de la oferta, protección de ecosistemas y gobernanza efectiva. En el lado de la demanda, las prioridades incluyen eliminar subsidios que incentivan el desperdicio (tarifas eléctricas para bombeo agrícola, agua gratuita o subsidiada para usos no esenciales), implementar tecnologías de riego eficiente, y promover la cultura del ahorro del agua en hogares e industrias.

Para incrementar la oferta de manera sustentable, las opciones incluyen cosecha de agua de lluvia (captura y almacenamiento a nivel doméstico, comunitario o de cuencas), reúso de agua tratada para usos que no requieren calidad potable (riego, industria, recarga de acuíferos), y desalinización de agua de mar en zonas costeras donde sea económicamente viable.

La protección y restauración de ecosistemas que proveen servicios hidrológicos (bosques, humedales, manglares) es fundamental para mantener la capacidad de recarga de acuíferos y regulación de caudales. Los pagos por servicios ambientales y las áreas naturales protegidas son instrumentos que deben fortalecerse y expandirse.

Gobernanza y marco institucional

La gobernanza del agua en México enfrenta fragmentación y debilidad institucional. CONAGUA, como autoridad federal, tiene atribuciones amplias pero recursos limitados para ejercerlas efectivamente. Los organismos operadores municipales, responsables del servicio de agua potable, frecuentemente carecen de autonomía técnica y financiera, y están sujetos a presiones políticas que impiden una gestión profesional.

Las reformas propuestas incluyen fortalecer la autonomía y capacidades de CONAGUA, promover la regionalización de organismos operadores para lograr economías de escala, establecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión del agua, y crear incentivos para la inversión en infraestructura y eficiencia.

La actualización del marco legal, particularmente una nueva Ley General de Aguas que lleva años estancada en el Congreso, es considerada esencial por expertos y organizaciones de la sociedad civil. Esta ley debería reconocer el derecho humano al agua, establecer prioridades de uso, crear mecanismos de asignación eficiente y garantizar la sustentabilidad de largo plazo del recurso.