La seguridad pública continúa siendo una de las preocupaciones centrales de la sociedad mexicana y un desafío estructural para las instituciones del Estado. Este reporte especial presenta una evaluación integral de la situación de seguridad con base en los datos oficiales más recientes, abarcando la evolución de los principales delitos, la percepción ciudadana, el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, y las perspectivas para los próximos años.

Las cifras oficiales de incidencia delictiva provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que consolida los registros de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales y la federal. Es importante señalar que estas cifras representan solo los delitos denunciados, excluyendo la "cifra negra" de delitos no reportados que, según encuestas especializadas, alcanza el 92.4% del total.

Evolución de los delitos de alto impacto

Los homicidios dolosos, el delito más grave y el indicador más utilizado para medir la violencia, registraron 25,400 víctimas durante 2025, una reducción del 8% respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2017. La tasa nacional de homicidios se ubicó en 19.8 por cada 100,000 habitantes, todavía muy superior a la de países comparables pero en clara tendencia descendente.

La distribución geográfica de los homicidios muestra concentración en estados específicos: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán acumulan el 42% del total nacional. Por el contrario, entidades como Yucatán, Aguascalientes y Tlaxcala presentan tasas inferiores a 5 por 100,000 habitantes, comparables a países de bajo nivel de violencia.

El feminicidio, tipo penal específico que sanciona el asesinato de mujeres por razones de género, registró 823 víctimas, una reducción del 6% respecto a 2024. Sin embargo, organizaciones feministas señalan que muchos casos que deberían tipificarse como feminicidio terminan registrándose como homicidio doloso, por lo que las cifras reales podrían ser superiores.

Delitos patrimoniales y extorsión

A diferencia de los homicidios, los delitos patrimoniales y la extorsión muestran tendencias mixtas o al alza. El robo con violencia registró 164,000 carpetas de investigación, un incremento del 3.2% respecto a 2024. El robo de vehículos sumó 118,000 casos, con aumento del 5.7%. Estos delitos afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos y alimentan la percepción de inseguridad.

La extorsión, uno de los delitos con mayor crecimiento en años recientes, registró 15,800 carpetas de investigación, un incremento del 12% anual. Expertos señalan que la cifra real es varias veces superior debido al bajo índice de denuncia (estimado en menos del 5%). Las modalidades incluyen extorsión telefónica (cobro de derecho de piso virtual), extorsión presencial a comercios y negocios, y secuestro virtual.

El secuestro, tras años de descenso sostenido, parece haber encontrado un piso: se registraron 1,240 casos en 2025, cifra prácticamente igual a la del año anterior. Los estados con mayor incidencia son Veracruz, Estado de México, Morelos y Michoacán. Los secuestros express (de corta duración para vaciado de cuentas bancarias) siguen siendo la modalidad más frecuente.

Percepción ciudadana de inseguridad

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela que el 62.3% de la población mayor de 18 años percibe como insegura su ciudad o localidad. Esta percepción ha disminuido gradualmente desde el máximo de 73.9% alcanzado en 2018, pero sigue siendo elevada y no guarda correspondencia exacta con la evolución de la incidencia delictiva real.

Los espacios percibidos como más inseguros son el transporte público (76.8% de percepción de inseguridad), los cajeros automáticos en vía pública (72.4%), el banco (64.1%) y los parques o centros recreativos (54.2%). En contraste, el interior de las viviendas (27.3%) y los centros comerciales (38.6%) son percibidos como más seguros.

Las mujeres reportan mayores niveles de percepción de inseguridad que los hombres (67.8% vs 56.2%), reflejando la vulnerabilidad diferenciada por género ante delitos como acoso, violencia sexual y feminicidio. Esta brecha de género en la percepción de seguridad es consistente a través de diferentes contextos urbanos y grupos de edad.

Cifra negra y acceso a la justicia

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estima que solo el 7.6% de los delitos cometidos en México son denunciados ante las autoridades, lo que implica una cifra negra del 92.4%. Las razones para no denunciar incluyen percepción de inutilidad (35.8%), pérdida de tiempo (28.4%), desconfianza en la autoridad (15.6%) y miedo a represalias (8.2%).

De los delitos denunciados, apenas el 48% resulta en el inicio de una carpeta de investigación, y de estas, solo el 12% llega a una determinación (vinculación a proceso, archivo, no ejercicio de la acción penal). La tasa de esclarecimiento efectivo de delitos (casos con sentencia condenatoria respecto al total de delitos cometidos) se estima en menos del 2%.

Esta impunidad generalizada tiene efectos corrosivos en la confianza institucional y en los incentivos de actores criminales. La percepción de que "no pasa nada" si se comete un delito reduce los costos esperados de la actividad criminal y desincentiva la denuncia ciudadana, generando un círculo vicioso difícil de romper.

Desempeño de las fuerzas de seguridad

El modelo de seguridad en México se basa en una combinación de fuerzas federales (Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial), estatales (policías estatales) y municipales (policías municipales), con participación significativa de las fuerzas armadas. Esta fragmentación genera problemas de coordinación, duplicidad de funciones y desigualdad de capacidades.

La Guardia Nacional, creada en 2019 con un enfoque de mando civil y naturaleza no militar, ha transitado hacia un modelo de adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con 128,000 elementos desplegados, su presencia es visible pero su efectividad para reducir delitos de alto impacto es debatida. Críticos señalan que su doctrina sigue siendo más militar que policial.

Las policías estatales y municipales presentan enormes disparidades de capacidades, desde corporaciones profesionalizadas con equipamiento adecuado (Yucatán, Querétaro, Coahuila) hasta policías en situación precaria, infiltradas por el crimen organizado o prácticamente inexistentes (varios municipios de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas). El fortalecimiento de las policías locales sigue siendo una asignatura pendiente.

Crimen organizado y violencia

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, extorsión, secuestro, tráfico de personas y otras actividades ilícitas constituyen el principal factor de violencia en México. Los enfrentamientos entre grupos rivales, las disputas por control de territorios y las confrontaciones con autoridades explican la mayor parte de los homicidios en las zonas más afectadas.

El panorama de las organizaciones criminales ha evolucionado hacia una fragmentación con múltiples grupos de alcance regional compitiendo con los carteles tradicionales. Esta fragmentación, contraintuitivamente, puede incrementar la violencia al generar más puntos de conflicto y menor capacidad de control territorial estable.

Las economías criminales se han diversificado más allá del narcotráfico. El huachicoleo (robo de combustible), la tala ilegal, la minería ilegal, la extorsión a negocios, el tráfico de migrantes y la trata de personas generan ingresos significativos para los grupos criminales y afectan directamente a comunidades que no están en las rutas de tráfico de drogas.

Perspectivas y recomendaciones

Las perspectivas de seguridad para México dependen de la evolución de factores estructurales (desigualdad, informalidad, debilidad institucional) y de las políticas públicas implementadas. La tendencia a la baja en homicidios es alentadora, pero su consolidación requiere sostener y profundizar estrategias que van más allá del despliegue de fuerzas de seguridad.

Las recomendaciones de expertos y organismos internacionales coinciden en priorizar el fortalecimiento de policías locales con capacitación, equipamiento, salarios dignos y controles de confianza; la profesionalización del sistema de justicia penal para reducir la impunidad; la implementación de programas de prevención social del delito, especialmente para jóvenes en riesgo; y la atención a los mercados ilícitos que financian al crimen organizado.

La coordinación interinstitucional, tanto vertical (federación-estados-municipios) como horizontal (seguridad-justicia-desarrollo social), sigue siendo un desafío. Las estrategias fragmentadas y los cambios frecuentes de enfoque han limitado la efectividad de los esfuerzos. Una política de seguridad de Estado, con continuidad y evaluación rigurosa, es una demanda persistente de la sociedad civil y la academia.