El Ejército de Liberación Nacional (ELN) asumió la responsabilidad del secuestro de cinco personas dedicadas a la ganadería, hecho ocurrido el pasado 27 de marzo en zona rural de Puerto Rondón, Arauca.
La acción fue reivindicada por el Frente de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, uno de los brazos armados de esta estructura ilegal.
El grupo armado ilegal difundió este 3 de abril un comunicado en el que revela los nombres de los cinco retenidos: Betuel Barrera Sandoval, León Barrera Sandoval, Adoran Barrera Sandoval, Emilio Cristancho Tarache y Leander Antonio Salamanca Peroza.
La guerrilla indicó que las personas capturadas presuntamente participaban en actividades de apoyo logístico para otros integrantes del grupo. De acuerdo con esa versión, los cinco ganaderos habían sostenido una reunión con los alias Medina y Pescado, durante la cual habrían recibido instrucciones relacionadas con presuntas acciones de presión y cobros ilegales en Casanare.
“El ELN aseguró que estas personas están siendo objeto de investigaciones y ‘procesos internos’ bajo la ‘normativa’ de la organización criminal, sin especificar detalles adicionales. ‘Después de que esto termine, informaremos y aclaremos lo pertinente al caso’, aseguraron”.
El anuncio generó inmediata preocupación en las comunidades de Arauca y Casanare, departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado.
En el mismo comunicado, el grupo armado ilegal lanzó advertencias contra las Fuerzas Armadas, aduciendo que cualquier intento por rescatar a los secuestrados mediante operaciones militares pondría en riesgo su integridad. Los guerrilleros señalaron que no se responsabilizan por posibles consecuencias si se adelantan acciones de fuerza en la zona.
La Defensoría del Pueblo ha informado que, en lo corrido del año, al menos 51 personas han sido secuestradas en distintas regiones del país. De esa cifra, cinco han fallecido durante el cautiverio, 18 continúan retenidas y 28 ya fueron puestas en libertad. Esta tendencia pone en evidencia la persistencia de este delito en medio de los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en negociaciones con diversos actores armados.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Defensa ni de las autoridades regionales frente al hecho. Las fuerzas militares se encuentran monitoreando el caso y analizando posibles rutas de acción para garantizar la seguridad de la población y lograr la liberación de los secuestrados.
La situación actual evidencia la influencia del ELN en varios corredores rurales de la zona y la complejidad que representa la presencia de actores armados que continúan desarrollando acciones que vulneran los derechos fundamentales de los habitantes.
El episodio también deja en evidencia los desafíos que persisten en regiones como Arauca y Casanare, donde el control territorial y la seguridad siguen siendo temas prioritarios para la institucionalidad. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los familiares de los retenidos, quienes claman por su pronta liberación.