El futuro financiero de las universidades públicas en Colombia vuelve a ser motivo de preocupación tras la expedición del decreto 0391 del 1 de abril de 2025, emitido por el Ministerio de Educación, con el respaldo del Ministerio de Trabajo. Aunque la medida representa una victoria para miles de trabajadores académicos y administrativos que durante años denunciaron la precarización de sus condiciones laborales, también genera dudas sobre la viabilidad fiscal del mandato.
Uno de los puntos más sensibles del decreto tiene que ver con su impacto presupuestal. El Sistema Universitario Estatal (SUE) advirtió reiteradamente sobre un déficit estructural que limita la capacidad de las instituciones para asumir nuevos compromisos financieros. Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, “por cada profesor de planta en las IES públicas contratado a término indefinido, hay 3 que son ocasionales y con contrato a término fijo. Además, hay casi 9.000 catedráticos. Formalizarlos (léase, mejorar sus condiciones laborales) demandará gigantescos recursos que, en las condiciones fiscales actuales de Gobierno e IES públicas, no será posible cumplir”.
El decreto exige que todas las instituciones públicas de educación superior —ya sean universidades o instituciones técnicas y tecnológicas— estructuren e implementen un Plan de Formalización Laboral que beneficie tanto a docentes como al personal administrativo. La medida contempla que los trabajadores pasen a ser vinculados de planta, con los beneficios establecidos por el régimen laboral estatal. En el caso de los profesores, esto implica acceder al régimen del decreto 1279 de 2002, con posibilidades de ascenso, bonificaciones por puntos, primas y demás incentivos.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que, “tenemos completamente claro que no podemos hablar de calidad en la universidad pública si no tenemos dignidad para los docentes y las docentes, que tienen incluso estudios de posgrado y están siendo maltratados en su dignidad laboral. Así le cumplimos a las y los trabajadores de la universidad”.
Los plazos también son exigentes: en un máximo de 12 meses, las universidades deben presentar sus planes de formalización. Para finales de 2026 se espera un avance mínimo del 40%, y para diciembre de 2027, del 80%. Los planes deben construirse con participación obligatoria de los sindicatos y contemplar concursos de mérito para la provisión de los empleos de carrera.
“Respetamos plenamente la autonomía universitaria, pero como Gobierno invitamos a todas las instituciones a dar el paso hacia la dignificación laboral de sus docentes y administrativos. La calidad de la educación superior solo puede ser de excelencia si quienes la hacen posible cuentan con condiciones dignas, justas y estables”, puntualizó el ministro Rojas.
A pesar del respaldo político, las dudas sobre cómo se financiarán estas nuevas obligaciones persisten. El decreto no contempla fuentes adicionales de financiación, lo que significa que las universidades deberán asumir el costo de esta transición con los recursos actuales. Para instituciones como la Universidad de Antioquia, que enfrenta una crisis económica sin precedentes, cumplir con la norma podría resultar casi imposible sin respaldo adicional del Gobierno nacional.
A lo largo de los años, la contratación temporal, la vinculación por horas cátedra o los contratos a término fijo son estrategias utilizadas por las universidades para reducir costos. Sin embargo, estas prácticas generan desigualdades internas. Muchos docentes con posgrados, alta carga académica y experiencia acumulada son excluidos de los beneficios laborales de planta. Esta realidad dio pie a constantes manifestaciones, paros y exigencias por parte de la comunidad universitaria.
La expedición del decreto 0391 busca, entre otras cosas, cumplir con compromisos adquiridos por el Estado desde el paro estudiantil y profesoral de 2018, en el que uno de los principales reclamos fue precisamente la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen el funcionamiento de las universidades públicas.
Aunque se reconoce la autonomía universitaria, el Gobierno fijó un marco normativo claro que obliga a las instituciones a avanzar hacia la equidad laboral. La formalización de los docentes y administrativos, en principio, mejorará la calidad del empleo en el sector y podrá sentar bases más sólidas para una educación superior pública de calidad.